La administración de La Libertad Avanza vuelve a quedar bajo la lupa por una de las controversias que más repercusión generó en los últimos meses: la entrega de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y dirigentes políticos. Mientras la investigación judicial continúa para determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos, un reciente pedido de acceso a la información pública permitió conocer nuevos datos sobre el alcance de la operatoria.

Según la documentación entregada por la entidad bancaria, entre enero de 2024 y marzo de 2026 se aprobaron 1120 créditos hipotecarios destinados a personas políticamente expuestas, una categoría que comprende a funcionarios y exfuncionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos alcanzados por normas específicas de control financiero.

La información fue difundida por el periodista Andrés Lerner en una publicación de Ámbito Financiero y se conoció luego de las revelaciones que habían expuesto a varios funcionarios nacionales por importantes deudas registradas en la Central de Deudores del Banco Central.

Entre los nombres que habían generado mayor repercusión figuraban Felipe Núñez, con un crédito de 373 millones de pesos; Federico Furiase, con 367 millones; y Pedro Inchauspe, con 510 millones. También aparecían otros integrantes del oficialismo, como Juan Pablo Carreira, Emiliano José Mongilardi, integrante del directorio de YPF, y legisladores de La Libertad Avanza que accedieron a préstamos de elevado monto.

Los nuevos datos permiten dimensionar el peso de este universo dentro de la cartera hipotecaria de la entidad. De acuerdo con la información oficial, el Banco Nación concretó 25.391 operaciones durante el período analizado, por lo que aproximadamente 1 de cada 23 créditos fue otorgado a una persona políticamente expuesta.

La Resolución 192/24 de la Unidad de Información Financiera establece que integran esa categoría quienes ocupan o han ocupado funciones públicas relevantes. El listado incluye al presidente y vicepresidente de la Nación, gobernadores, vicegobernadores, legisladores, ministros, secretarios de Estado, magistrados, fiscales, embajadores y autoridades de las Fuerzas Armadas, entre otros cargos de jerarquía.

La normativa también contempla a familiares directos de esos funcionarios, como cónyuges, padres, madres, hermanos e hijos, además de personas que hayan ejercido esas responsabilidades durante los últimos 2 años.

Por esa razón, las entidades financieras están obligadas a identificar y monitorear especialmente a las personas políticamente expuestas. Se trata de mecanismos establecidos para prevenir maniobras vinculadas al lavado de activos, conflictos de interés y otros posibles delitos financieros, lo que explica el interés que despertó el otorgamiento de estos créditos y la investigación que actualmente se encuentra en marcha.