La decisión judicial de intervenir la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), anular las elecciones internas y desplazar a la conducción liderada por Abel Furlán desató un amplio rechazo político y sindical. El Partido Justicialista, distintos espacios gremiales y la Federación Aceitera cuestionaron el fallo y denunciaron un avance contra la libertad sindical.

El PJ nacional, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, difundió un comunicado en el que sostuvo que “sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia”. Además, calificó la resolución judicial como “una nueva y grave violación a la autonomía y la democracia sindical”.

Desde el peronismo señalaron que la medida se da en un contexto de “avance regresivo sobre los derechos de los trabajadores” y la vincularon con el proceso económico actual. Según expresaron, la intervención no es un hecho aislado, sino parte de una política que incluye desindustrialización, cierre de empresas, caída salarial y reformas laborales que, aseguran, restringen el derecho a huelga y debilitan a las organizaciones sindicales.

También se pronunció el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio del que forma parte la UOM junto a otros gremios por fuera de la CGT. A través de un documento, consideró que el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo constituye una “persecución política, grosera y direccionada”.

El FreSU sostuvo además que el ataque contra la UOM comenzó luego de que el gremio metalúrgico se transformara en un punto de encuentro de organizaciones sindicales enfrentadas a las políticas del gobierno de Javier Milei.

La postura más dura llegó desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, conducida por Daniel Yofra. El sindicato llamó a todas las organizaciones gremiales del país a unificarse para impulsar “un paro por tiempo indeterminado” en defensa de los derechos laborales y de las organizaciones sindicales.

En su comunicado, los aceiteros ampliaron las críticas y describieron un escenario de “catástrofe” social y laboral. Entre otros puntos, mencionaron la pérdida de 300.000 empleos registrados en los últimos 2 años, el cierre de más de 25.000 pequeñas y medianas empresas, el deterioro salarial y el desmantelamiento de organismos estatales como el INTI, el INTA, Vialidad y el CONICET.

Además, denunciaron persecución judicial contra sindicatos como Subte, ATE y La Fraternidad, y recordaron episodios de ataques a sedes gremiales ocurridos en los últimos meses, entre ellas las de Dragado y Balizamiento de Rosario, SEIVARA y la propia Federación Aceitera.

La intervención de la UOM fue resuelta por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a partir de una presentación realizada por sectores opositores a la conducción de Furlán. La medida establece una intervención del gremio por 180 días.