El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó un decreto que modifica el sistema de preselección de jueces para la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación. La decisión fue tomada mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos por distintas situaciones políticas y judiciales, entre ellas la situación de su jefe de Gabinete y la controversia generada por el pliego de María Verónica Michelli.

La norma, publicada este martes en el Boletín Oficial, establece cambios en el procedimiento vigente y elimina varias instancias administrativas que el Ejecutivo considera redundantes. Según el decreto, el esquema anterior tenía etapas similares a las que luego se desarrollan en el Senado durante el tratamiento de los candidatos.

“El procedimiento vigente para la preselección de magistrados contiene etapas administrativas que guardan similitud con las que, luego, se cumplen en el proceso que se desarrolla en la órbita del Senado de la Nación”, sostiene el texto oficial.

El Gobierno argumentó que la existencia de trámites repetidos “ralentiza el proceso de cobertura de vacantes” y afirmó que resulta necesario eliminar “trámites innecesarios y etapas duplicadas” para acelerar la designación de funcionarios judiciales.

Sin embargo, la modificación generó críticas debido a que, en la práctica, reduce el peso de la evaluación previa realizada por el Poder Ejecutivo y deja una mayor responsabilidad en manos del Senado, que deberá analizar los antecedentes de los postulantes antes de aprobar sus designaciones.

El Decreto 467/26, firmado por Milei y por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, introdujo modificaciones en 5 artículos del Decreto 222/03, que regula la designación de integrantes de la Corte Suprema, y en otros 5 artículos del Decreto 588/03, referido a otros cargos del Poder Judicial.

Uno de los principales cambios está relacionado con los plazos del procedimiento. A partir de ahora, los candidatos propuestos tendrán 5 días para presentar su declaración jurada patrimonial.

Luego, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contará con otros 5 días para elaborar un informe sobre la situación impositiva y previsional del postulante.

Con este nuevo esquema, el Poder Ejecutivo estima que en poco más de 40 días podría contar con los expedientes completos para enviar los candidatos al Senado, donde deberán atravesar el proceso de revisión y eventual aprobación.