Economía y Empresas | 12:37

Ajuste en el transporte público

El gobierno de Milei eliminó subsidios para pasajes gratuitos de personas con discapacidad y trasplantadas

La administración nacional derogó el sistema de compensaciones que financiaba los boletos sin cargo en servicios de larga distancia. Aunque aseguraron que el beneficio seguirá vigente, el costo recaería sobre el resto de los pasajeros.

El Gobierno nacional encabezado por Javier Milei avanzó con un nuevo recorte en materia de transporte público y eliminó el fondo de compensaciones tarifarias que financiaba los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y trasplantadas en servicios de larga distancia.

La decisión fue oficializada este martes a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, que dejó sin efecto el régimen de subsidios vigente desde 2018 para cubrir el costo de esos boletos sin cargo a las empresas de colectivos.

Con esta medida, el Ejecutivo derogó tres resoluciones dictadas en 2018, 2022 y 2023 que habían establecido el esquema de compensaciones financiado mediante el Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia.

La eliminación del fondo generó preocupación debido a que el beneficio de gratuidad está respaldado por distintas leyes nacionales. Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la resolución “no afecta el derecho a la gratuidad previsto” ni tampoco “la obligación de los transportistas de dar cumplimiento a lo dispuesto”.

En ese marco, la intención oficial es que los pasajes gratuitos continúen existiendo, aunque el financiamiento ya no provenga del Estado nacional. Según explicaron en los considerandos de la resolución, el costo deberá ser absorbido por las propias empresas a partir del nuevo esquema de libertad tarifaria o trasladado al valor general de los boletos que pagan los demás pasajeros.

“La introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”, sostiene el texto oficial.

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