Una investigación judicial que busca esclarecer el funcionamiento de una presunta estructura sanitaria ilegal derivó en un amplio operativo policial y judicial en distintos puntos de La Matanza, donde fueron detenidas 29 personas acusadas de integrar diferentes niveles de la organización bajo sospecha.

La causa se centra en consultorios médicos, farmacias y unidades sanitarias que habrían operado bajo distintas denominaciones comerciales, entre ellas “Argentina Salud”, prestando servicios presuntamente irregulares en varias localidades del conurbano bonaerense.

Por disposición del Juzgado de Garantías N°1 de La Matanza se realizaron allanamientos en inmuebles ubicados en González Catán, Virrey del Pino y San Justo, además de otro procedimiento concretado en Canning. Durante los operativos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, archivos, sellos médicos y abundante documentación considerada clave para la investigación.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron reconstruir parte del funcionamiento de la estructura, que habría ofrecido servicios médicos sin habilitación correspondiente y con profesionales que no estaban autorizados para ejercer en Argentina.

Hasta el momento, la Justicia ordenó la detención de 6 sospechosos señalados como figuras centrales dentro del esquema investigado: Alberto Rubén Santarceri, Noelia Sofía Edith Luna, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri, Gabriel Musse y Dunia Mercedes Suazo Pulido.

Según consta en el expediente, integrantes de la familia Santarceri aparecen vinculados a distintos domicilios, vehículos y espacios utilizados presuntamente para el funcionamiento de la operatoria. Luna, por su parte, también quedó relacionada con uno de los lugares inspeccionados durante los procedimientos.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores son las posibles irregularidades detectadas en documentación sanitaria, habilitaciones y circulación de ambulancias o vehículos asociados a la estructura bajo análisis. Incluso, fuentes del caso indicaron que se investiga la utilización de patentes adulteradas en algunos rodados.

Además, las declaraciones de personas que trabajaron dentro de los establecimientos comenzaron a aportar detalles sensibles para la causa. Uno de los acusados, identificado como C.C., reconoció ser médico en Bolivia, aunque admitió no tener habilitación para ejercer en Argentina. En su testimonio afirmó que fue convocado para trabajar en la clínica y que le habrían entregado un sello perteneciente a otro profesional junto con una oficina en Virrey del Pino.

También sostuvo que cuando salían en ambulancias llevaban certificados previamente firmados y sellados, y que cobraban 80.000 pesos por guardias de 24 horas.

Otra declaración considerada relevante fue la de D.S., quien aseguró ser médica en Cuba, aunque tampoco contaba con autorización para ejercer en el país. Según relató, atendía pacientes utilizando un sello médico que le habría sido facilitado dentro de la estructura investigada.

En paralelo, otras 23 personas quedaron detenidas como investigados secundarios mientras continúan los peritajes sobre el material secuestrado y avanzan nuevas medidas judiciales. La causa, encabezada por el fiscal Fernando Garate, podría sumar nuevas imputaciones y denuncias en los próximos días.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron además que ya son más de 30 las escuelas e instituciones públicas que denunciaron haber contratado servicios con la firma investigada, en un escenario que podría ampliar aún más la magnitud del presunto entramado ilegal.