Municipios | 14:02
Exclusivo de Minuto Bonaerense
Escándalo en Rojas: silencio institucional y sospechas de encubrimiento en la disputa por las tierras del Velódromo
La falta de respuestas del Concejo Deliberante y del Ejecutivo municipal profundiza las sospechas sobre presuntas irregularidades en la titularidad del predio y posibles maniobras de encubrimiento en torno a un espacio histórico de la ciudad.
A casi un año de que el conflicto por el predio del Velódromo tomara estado público y se formalizara mediante presentaciones ante las autoridades locales, el entramado de irregularidades, denuncias de fraude y herencias sin sucesión sigue sumido en el más absoluto silencio oficial. Lo que comenzó como una advertencia vecinal y familiar sobre la presunta apropiación ilegal de un espacio histórico, hoy expone la alarmante inoperancia de todo el Concejo Deliberante de Rojas y coloca al Municipio en una posición de presunta complicidad y encubrimiento.
El reclamo, iniciado formalmente el 11 de agosto de 2025 por Rosana García —nieta del propietario original del terreno, Alberto Martín García—, exigía una intervención urgente ante el cerramiento perimetral del predio y las notorias inconsistencias en la cadena de titularidad. Sin embargo, a meses de aquella presentación, ni el cuerpo legislativo ni el Departamento Ejecutivo han brindado una sola respuesta concreta. Esta parálisis no hace más que alimentar las sospechas de un entramado de protección a favor de particulares en detrimento del patrimonio comunitario.
Un historial de irregularidades sin investigar
El eje del conflicto radica en el origen del predio y los movimientos registrales recientes. Según la documentación y la memoria histórica de la comunidad, Alberto Martín García había cedido de facto el uso de la parcela (matrícula 7401) al Municipio a cambio de la exención de tasas, tras asumir los costos y la mano de obra para la remoción de un viejo puente de hierro en la zona.
La sorpresa para los herederos legítimos llegó al descubrirse que Néstor Martín García y Teresa Mabel García figuraban como titulares del dominio. Más grave aún, en julio de 2021, estos habrían cedido los derechos sobre el predio a su círculo familiar directo, avanzando con un cerramiento que despoja a Rojas de un espacio público de referencia. Estas maniobras forman parte de un patrón ya denunciado en el marco del expediente sucesorio de Alberto Martín García (Expte. Nro. 58.374), donde se han detectado múltiples ventas irregulares de terrenos que perjudicaron directamente a la sucesión legítima.
La complicidad del silencio y la inoperancia legislativa
Frente a la gravedad de los hechos, que involucran no solo una disputa entre privados sino la posible pérdida de tierras de uso público y denuncias de afectación ambiental por el depósito de materiales contaminantes , la inacción de la totalidad de las bancadas del Concejo Deliberante es total. El cuerpo deliberativo local parece haber cajoneado el pedido de investigación catastral y administrativa, demostrando una desidia que roza el incumplimiento de sus deberes como representantes del pueblo.
Por su parte, el Ejecutivo Municipal, lejos de actuar como custodio de los bienes del distrito, mantiene una postura de hermetismo que los damnificados señalan directamente como un encubrimiento pasivo. Al no aportar claridad, el Municipio ampara de forma indirecta el avance de particulares sobre el predio.
Una exigencia clara, argumentos y certezas
Como ciudadana y particular afectada, la reclamante exige una definición tajante que la burocracia local se niega a firmar: ¿Esas tierras pertenecen al patrimonio del Municipio de Rojas o corresponden legalmente a un contribuyente privado? En cualquiera de los dos escenarios, las autoridades locales tienen la obligación legal y ética de demostrarlo con argumentos sólidos, documentación respaldatoria, actas de catastro y la exhibición de los archivos históricos del convenio mencionado. Si el predio es municipal, deben defenderlo de la usurpación y el cerramiento ilegal; si pertenece a un privado, deben transparentar bajo qué mecanismos legítimos se otorgó dicha titularidad en medio de un proceso sucesorio plagado de anomalías denunciadas.
La comunidad de Rojas y los herederos legítimos continúan esperando que las instituciones funcionen. El paso del tiempo sin respuestas no borra el reclamo; por el contrario, confirma que la falta de transparencia es el mecanismo elegido para ocultar un presunto fraude a la vista de todos.
