La Casa Rosada confirmó este martes que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni continúa bajo custodia de la Policía Federal, a pesar de haber dejado el cargo hace diez días en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Al mismo tiempo, el Gobierno aseguró que no abrirá una investigación administrativa y remarcó que el caso debe ser analizado exclusivamente por la Justicia.

La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa. Consultado sobre la continuidad del operativo de seguridad para el exfuncionario, respondió de manera breve: "Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene".

El portavoz evitó profundizar sobre los fundamentos de la medida y también rechazó que el Poder Ejecutivo haya dispuesto algún tipo de auditoría interna tras la salida de Adorni.

"El tema está claramente en la Justicia. Esta persona tiene que declarar ante la Justicia, en Casa Rosada no tenemos ningún mecanismo aparte", afirmó. Frente a una nueva consulta, reiteró: "Auditoría interna, no. El tema está en la Justicia y la persona tiene que declarar ante la Justicia".

Adorni presentó su renuncia en medio de cuestionamientos vinculados a presuntas inconsistencias entre sus ingresos y la información consignada en su declaración jurada patrimonial, situación que dio lugar a distintas denuncias judiciales.

Tras su alejamiento del cargo fue reemplazado por Diego Santilli, cuya jura contó con la presencia del propio Adorni. Durante la ceremonia, el presidente Javier Milei lo invitó a subir al escenario y ambos protagonizaron, junto al nuevo jefe de Gabinete, un abrazo.

En los últimos días, la continuidad de la custodia oficial había sido cuestionada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo públicamente que el exfuncionario seguía contando con efectivos de la Policía Federal y un vehículo oficial con chofer.

De acuerdo con las versiones que trascendieron, el operativo de seguridad permanecería vigente por supuestas amenazas recibidas por Adorni. Sin embargo, esas advertencias no habrían sido formalizadas mediante una denuncia ante la Justicia.