El presidente Javier Milei volvió a defender su programa económico y anunció que el Gobierno nacional avanza con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que, según adelantó, incluirá sanciones penales para los funcionarios o dirigentes políticos que permitan financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.

El anuncio llegó luego de una reunión en la Quinta de Olivos con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Allí, según explicó el mandatario, se terminó de definir el esquema de un paquete de reformas económicas que también abarcará modificaciones en la legislación sobre mercados de capitales, seguros y un nuevo capítulo de "inocencia fiscal".

Durante una entrevista, Milei sostuvo que el objetivo de estas iniciativas es "reparar 91 años de daño" y calificó el funcionamiento actual del Banco Central como "un insulto al intelecto". En la misma línea, volvió a responsabilizar a gobiernos anteriores por la inflación y la emisión monetaria, sin hacer referencia al impacto que las políticas de ajuste implementadas por su administración tuvieron sobre la actividad económica, el consumo y el empleo.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto, según adelantó el propio Presidente, será la incorporación de penas de prisión para quienes impulsen mecanismos que permitan al Banco Central asistir financieramente al Tesoro.

"La política monetaria no es el vacío. Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de que financie al fisco", afirmó el jefe de Estado.

Qué establece la normativa vigente

La reforma apunta a modificar la Ley número 24.144, que regula la Carta Orgánica del Banco Central y cuya última modificación importante se produjo en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Aquella actualización amplió las facultades del organismo para otorgar adelantos transitorios al Estado nacional como una herramienta de financiamiento en circunstancias determinadas.

El artículo 20 de la norma vigente autoriza al Banco Central a realizar adelantos transitorios al Gobierno nacional por un monto equivalente al doce por ciento de la base monetaria, además de habilitar un margen adicional de hasta el diez por ciento de los recursos en efectivo obtenidos por el Estado durante los últimos doce meses. Esos fondos deben ser reintegrados dentro del año siguiente y, en caso de incumplimiento, la normativa impide otorgar nuevos adelantos hasta cancelar la deuda.

Aunque la Casa Rosada todavía no difundió el texto definitivo del proyecto, el Gobierno anticipó que buscará eliminar o restringir al máximo esas herramientas, profundizando la prohibición de utilizar emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

El anuncio se enmarca en la estrategia económica que impulsa la administración libertaria, basada en el equilibrio fiscal y en una fuerte reducción de la intervención estatal. Sin embargo, las reformas todavía deberán atravesar el debate parlamentario, donde podrían enfrentar cuestionamientos tanto por el alcance de las modificaciones como por la intención de incorporar sanciones penales vinculadas a decisiones de política económica.