La Justicia bonaerense dispuso una medida preventiva para impedir modificaciones en el funcionamiento de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que puedan afectar la prestación del servicio de agua potable y cloacas en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires, en medio del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, que hizo lugar a una medida cautelar de no innovar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. La resolución establece que la empresa deberá conservar sus compromisos actuales en materia operativa, ejecución de obras, inversiones y controles vinculados al cuidado ambiental.

El planteo judicial fue impulsado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, conducida por Guido Lorenzino, ante la preocupación por las posibles consecuencias del nuevo esquema previsto para AySA. Desde el organismo advirtieron que una modificación en las condiciones actuales podría derivar en una reducción de inversiones, retrasos en obras consideradas prioritarias o una disminución de los controles sobre la calidad del servicio.

Según la presentación realizada ante la Justicia, la cautelar tiene como objetivo evitar eventuales daños que podrían afectar a los usuarios y al ambiente. La Defensoría sostuvo que cualquier cambio que implique una menor regulación del sistema podría comprometer la protección del recurso hídrico y generar consecuencias difíciles de revertir.

La medida judicial se conoció luego de que el Gobierno nacional avanzara con el proceso para privatizar la compañía. En mayo de 2026 se estableció un nuevo esquema contractual y posteriormente el Ministerio de Economía habilitó el llamado a Licitación Pública para la venta del 90 por ciento del paquete accionario de AySA a un operador estratégico.

Frente a esa decisión, la Defensoría bonaerense cuestionó algunos aspectos del nuevo diseño planteado y señaló que podrían existir cambios en los niveles de exigencia regulatoria y en los compromisos vinculados a infraestructura e inversiones.

Con la resolución, la Justicia determinó que la empresa deberá mantener las condiciones actuales de prestación mientras continúa el análisis del expediente. De esta manera, los usuarios de los 26 municipios alcanzados por el servicio de AySA conservarán las garantías vigentes sobre el acceso al agua potable, el saneamiento y los controles ambientales hasta que exista una definición definitiva.