La reforma laboral aprobada por el Congreso y promovida por el gobierno de Javier Milei quedó seriamente comprometida tras una nueva resolución judicial que vuelve a poner en duda su implementación. A menos de un mes de haber sido promulgada, la denominada Ley de Modernización Laboral ya suma tres fallos en contra.

En esta oportunidad, el juez nacional del Trabajo Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo y dispuso la suspensión de los artículos cuestionados por la central obrera. La decisión judicial fue celebrada por la diputada nacional Julia Strada, quien sostuvo que la resolución “le dio la razón a la CGT”.

El fallo alcanza a 58 artículos de la ley, además del Título II completo, que incluye otros 19 puntos, lo que implica un freno significativo a la reforma. En el expediente, el Gobierno nacional había solicitado el rechazo del planteo, argumentando la inexistencia de un caso concreto y cuestionando la legitimación de la central sindical para accionar.

Desde la CGT habían anticipado sus objeciones incluso antes de la promulgación de la norma, señalando que varios aspectos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Entre los derechos afectados mencionaron la protección contra el despido arbitrario, la negociación colectiva, el derecho a huelga, la libertad sindical y la seguridad social.

Este nuevo fallo se suma a otras dos resoluciones judiciales que ya habían impactado sobre la ley. Por un lado, el juez Herman Mendel, del Juzgado Nacional del Trabajo número 30, suspendió los artículos 90 y 91 tras una presentación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, además de dejar sin efecto el traslado del fuero laboral federal al ámbito porteño.

Por otro, el Juzgado Federal número 2 de San Martín dictó una cautelar a pedido del sindicato de empleados de comercio que frenó por seis meses los artículos 131 y 133, vinculados a los convenios colectivos.

Aunque todas las resoluciones pueden ser apeladas por el Ejecutivo, el escenario actual deja a la reforma laboral prácticamente paralizada y abre un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el ámbito judicial.