Hasta el día previo al golpe de Estado, el gobernador bonaerense era Victorio Calabró, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica que había llegado al poder como vice de Oscar Bidegain. Sin embargo, su relación con el Gobierno nacional se deterioró rápidamente. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, comenzó a tomar distancia de la conducción política y a acercarse a sectores que impulsaban el quiebre institucional, lo que derivó en su expulsión tanto del gremio como de las 62 Organizaciones.

Luego del 24 de marzo de 1976, el primer interventor fue Adolfo Sigwald, cuya gestión duró apenas unas semanas. Su breve paso fue sucedido por el general Ibérico Saint Jean, designado con el aval de Jorge Rafael Videla. Su mandato sería el más extenso del período, con casi cinco años al frente de la provincia.

Saint Jean quedó asociado a una de las etapas más crudas del terrorismo de Estado. A él se le atribuye una frase que sintetiza la lógica represiva de la época, aunque no existen registros documentales que la respalden: la eliminación progresiva de opositores, colaboradores, simpatizantes e incluso indiferentes.

Durante su gestión funcionaron más de 30 centros clandestinos de detención bajo jurisdicción provincial. Entre ellos se encontraban El Vesubio, Puente 12, El Infierno de Avellaneda, La Mansión Seré, El Pozo de Banfield y varios espacios en La Plata, como La Cacha y el circuito represivo de 1 y 60. Según el abogado Pablo Llonto, el diseño de la represión fue responsabilidad del Gobierno nacional, mientras que la provincia actuó como sostén operativo a través de sus fuerzas policiales.

Dentro de la estructura política del régimen, uno de los civiles más influyentes fue Jorge Aguado, proveniente del sector agropecuario y expresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Aguado tuvo un rol clave en la designación de intendentes y en la articulación con sectores económicos y políticos afines. Además, era uno de los principales interlocutores de Saint Jean, a quien incluso aportaba definiciones políticas.

En paralelo, el jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps, ejecutaba gran parte del accionar represivo en la provincia, bajo las directivas del propio Saint Jean.

Durante esos años también se concretaron maniobras económicas de gran magnitud. Una de ellas fue la creación del partido de Pinamar en 1978, mediante un decreto que separó localidades de General Madariaga y dio lugar a un proceso de urbanización que benefició a sectores vinculados al poder militar.

A Saint Jean se le adjudican decenas de casos de secuestros y torturas. Entre los episodios más resonantes figura el caso Graiver, que incluyó el asesinato del empresario David Graiver, la detención de su entorno familiar y el despojo de sus bienes. En ese contexto, la empresa Papel Prensa pasó a manos de los diarios Clarín y La Nación, en una operación que consolidó el control sobre la producción de papel para medios gráficos.

En 1981, en medio de tensiones internas en la Junta Militar, Videla fue reemplazado por Roberto Viola, quien designó al general Oscar Gallino como interventor de la provincia, desplazando a Saint Jean. Para entonces, gran parte del aparato represivo ya había cumplido su objetivo: desarticular a las organizaciones políticas y sociales.

Gallino había tenido un rol previo en operativos militares, como el enfrentamiento con el ERP en Monte Chingolo en 1975. Durante la dictadura fue señalado por su presencia en centros clandestinos, donde participaba en interrogatorios a detenidos. Su figura también aparece vinculada al caso Graiver.

Por su parte, Aguado continuó su carrera política y económica tras la salida de Saint Jean. Fue nombrado ministro de Agricultura durante la presidencia de Viola y luego, en 1982, asumió como gobernador designado por Reynaldo Bignone. Permaneció en el cargo hasta el retorno de la democracia en 1983.

En las décadas posteriores, ocupó cargos en el grupo empresarial de la familia Macri y tuvo participación en distintos espacios políticos, incluyendo su paso como diputado nacional y asesor en los inicios del proyecto que luego daría origen al PRO.

Durante la última dictadura, la provincia de Buenos Aires tuvo cuatro gobernadores, tres militares y un civil. Sus designaciones no respondieron a un esquema institucional, sino a las disputas internas dentro de las Fuerzas Armadas y al equilibrio de poder entre sus distintas facciones.