El juez en lo penal económico Diego Amarante resolvió procesar a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una causa por presunta retención indebida de impuestos y aportes que superarían los 19.000 millones de pesos entre los años 2024 y 2025.

La medida alcanza al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, al secretario general Cristian Malaspina y a los exdirectivos Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo. Todos fueron considerados, en esta instancia inicial, responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la actuación coordinada dentro de una estructura organizativa.

En una resolución de más de 140 páginas, el magistrado dispuso además un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de la AFA, así como también sobre el patrimonio de Tapia y Toviggino. Si bien no se dictó prisión preventiva, los imputados deberán cumplir una serie de restricciones: no podrán ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización judicial, no podrán cambiar de residencia sin aviso y deberán presentarse cada vez que sean convocados. También se mantuvo la prohibición de salida del país.

Para el resto de los acusados se fijaron embargos por distintos montos y, en algunos casos, se levantó la restricción para viajar al exterior. La resolución puede ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico y, en caso de ser confirmada, podría derivar en un juicio oral.

En su fallo, Amarante consideró que existe un grado suficiente de probabilidad para sostener que Tapia y Toviggino tuvieron una intervención directa en las maniobras investigadas. Según indicó, ambos contaban con capacidad de decisión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad.

Respecto a Tapia, el juez subrayó su rol como máxima autoridad y representante legal de la AFA, con conocimiento de los incumplimientos reiterados y facultades para definir el destino de los fondos. En tanto, sobre Toviggino, destacó su control en la administración financiera, ya que su firma figuraba en la totalidad de los cheques y estaba habilitado para operar las cuentas bancarias.

La investigación sostiene que la falta de pago en tiempo y forma de los aportes retenidos permitió una mayor disponibilidad de recursos para la entidad, lo que podría configurar un beneficio económico indebido. El magistrado remarcó que el delito se configura incluso si la deuda fue regularizada posteriormente, dado que la normativa exige el ingreso de los montos dentro de los 30 días.

El expediente también señala que, durante los períodos cuestionados, la AFA registró ingresos significativos provenientes de sponsors, lo que evidenciaría que contaba con recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones.

El avance de la causa también impacta en la agenda internacional de Tapia. La prohibición de salida del país pone en duda su presencia en el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección argentina defenderá el título. Según el criterio del juzgado, los viajes al exterior no resultan imprescindibles para el funcionamiento de la entidad y cualquier salida deberá contar con autorización judicial.