La decisión despertó polémica debido a que el mecanismo establece una presunción de exactitud sobre declaraciones juradas previas y limita las revisiones patrimoniales de ejercicios anteriores al año fiscal 2025, siempre que se cumplan los requisitos previstos por la normativa.

Según especialistas en materia tributaria, el esquema permite presentar una declaración correspondiente a 2025 sin necesidad de exponer ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la evolución patrimonial completa de los años anteriores. En ese contexto, los contribuyentes pueden acceder a beneficios que los resguardan de eventuales sanciones administrativas y de determinadas acciones vinculadas con la evasión tributaria.

Uno de los aspectos que más cuestionamientos generó es que la normativa no establece límites sobre el monto del patrimonio que puede ser incorporado dentro del régimen simplificado. Los expertos remarcan que no se trata de un blanqueo tradicional, aunque reconocen que el mecanismo puede funcionar como una vía para incorporar bienes cuya justificación no había sido exteriorizada previamente ante el organismo recaudador.

La situación colocó a Adorni en el centro de una fuerte controversia pública y política. Distintos sectores reclamaron que el funcionario presente en detalle su declaración jurada patrimonial para despejar dudas respecto del crecimiento de sus bienes durante los últimos años.

Especialistas consultados sobre el tema señalaron que la adhesión al régimen podría brindar un denominado "tapón fiscal", es decir, una barrera que dificulta la revisión de períodos anteriores a 2025 por parte de ARCA. No obstante, aclararon que ello no implica inmunidad frente a eventuales investigaciones vinculadas con lavado de dinero u otros delitos financieros, ya que esos controles corresponden a otros organismos, como la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los tributaristas explican que quienes optan por este sistema deben presentar una declaración impecable correspondiente al ejercicio 2025, sin inconsistencias significativas en ingresos, gastos o patrimonio declarado. De detectarse diferencias relevantes o documentación irregular, podrían perder los beneficios previstos por la ley.

Desde el entorno del funcionario rechazaron las versiones que vinculan la adhesión al régimen con una maniobra para blanquear dinero no declarado. Fuentes cercanas a Adorni sostuvieron que la incorporación al sistema responde únicamente a una simplificación administrativa que agiliza la confección de la declaración jurada y reduce la carga operativa para el contribuyente.

Además, aseguraron que no se utilizará el mecanismo para ingresar fondos ocultos ni dólares sin declarar. Según esa versión, la evolución patrimonial del matrimonio tendría explicación en activos previamente existentes, entre ellos inversiones en criptomonedas, por lo que descartan cualquier necesidad de recurrir a un blanqueo de capitales.

Mientras tanto, la controversia continúa abierta y la atención permanece puesta sobre la información patrimonial que eventualmente deberá presentar el funcionario, en medio de crecientes cuestionamientos sobre los alcances reales del régimen simplificado y los beneficios que otorga a quienes adhieren al sistema.