Apenas un día después de que el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional alcanzaran un principio de acuerdo, los docentes de la Universidad Nacional de La Plata dieron una señal concreta de respaldo a la propuesta salarial. Reunidos en una asamblea general con una importante participación de afiliados, los integrantes de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) votaron a favor de aceptar la oferta, convirtiéndose en el primer sector universitario del país en avalarla formalmente.

La resolución adoptada en La Plata adquiere especial relevancia porque representa la primera respuesta de las bases docentes tras varios meses de tensión y reclamos salariales. Además, posiciona a la Universidad Nacional de La Plata como una referencia para el resto de las casas de estudio, ya que el mandato aprobado será presentado este miércoles en el plenario nacional de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

La propuesta respaldada por los docentes contempla un incremento salarial del 21,33 por ciento para los haberes de junio, calculado sobre el salario básico de mayo. El aumento también tendrá impacto directo sobre el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Asimismo, el acuerdo prevé una mejora adicional del 3 por ciento en octubre, aplicada sobre los salarios básicos de septiembre. A su vez, incorpora una cláusula de revisión que obliga a reabrir las negociaciones dentro de tres meses para evaluar la evolución de los ingresos frente al contexto económico.

La atención ahora estará puesta en la reunión de CONADU, donde cada sindicato de base expondrá la posición definida por sus afiliados. Si la postura impulsada desde La Plata logra reunir consenso entre los distintos gremios, el conflicto universitario podría ingresar en una etapa de mayor estabilidad. En cambio, si predominan los rechazos, la situación podría seguir marcada por medidas de fuerza y protestas en distintas universidades del país.

Más allá de este primer respaldo, dentro de la comunidad universitaria consideran que el conflicto aún está lejos de resolverse definitivamente. Mientras continúan las negociaciones presupuestarias entre los rectores y el Gobierno nacional, permanece abierta otra discusión clave: la situación judicial de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los recursos vinculados a esa normativa continúan su recorrido en la Justicia y podrían llegar a una definición de la Corte Suprema. En el ámbito universitario sostienen que una eventual decisión favorable a la ley modificaría sustancialmente el escenario, al otorgar a las universidades mayores herramientas para reclamar un piso presupuestario más elevado y garantizar el financiamiento del sistema público de educación superior.