El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que propone modificar la actual Ley de Salud Mental, una normativa que rige desde 2010 y que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en su aplicación.

La iniciativa formará parte de la agenda legislativa de este año y busca introducir cambios en puntos considerados sensibles por distintos sectores, entre ellos el régimen de internaciones y el funcionamiento del sistema de atención.

Uno de los ejes principales de la reforma apunta a revisar las condiciones para las internaciones involuntarias, habilitando una mayor intervención judicial en determinados casos. La intención oficial es facilitar la hospitalización cuando existan situaciones de riesgo, una demanda que viene siendo planteada por familiares de pacientes y algunos sectores profesionales.

Además, el proyecto buscaría reordenar aspectos estructurales de la ley vigente, que impulsó un modelo basado en la desinstitucionalización y la atención comunitaria, pero que, según distintas evaluaciones, presenta dificultades en su implementación por falta de recursos y dispositivos adecuados.

La decisión de avanzar con estos cambios reavivó el debate en torno al sistema de salud mental. Mientras desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá mejorar la respuesta ante casos críticos, organizaciones del sector y especialistas advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos y alertan por el impacto que podría tener en un área especialmente sensible.

En este contexto, el proyecto promete abrir una discusión de alto voltaje en el Congreso, donde se pondrán en juego distintos enfoques sobre cómo abordar la salud mental en la Argentina.