La negociación paritaria con los trabajadores judiciales se convirtió en un nuevo frente de conflicto para la administración de Axel Kicillof, que enfrenta crecientes dificultades para alcanzar acuerdos salariales con los gremios estatales en un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo.

Tras el rechazo de docentes y trabajadores estatales a la última propuesta oficial, el Ejecutivo bonaerense presentó este viernes una oferta similar ante la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que tampoco logró conformar al sector.

El planteo consistió en un incremento del 3 por ciento para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026. Sin embargo, el gremio consideró que el aumento resulta insuficiente frente al impacto de la inflación acumulada y reclamó la convocatoria urgente a una nueva mesa de negociación con una propuesta superadora.

Frente a esta negativa, el Ministerio de Economía provincial informó que liquidará con los haberes de febrero un incremento del 1,5 por ciento, calculado sobre los salarios de octubre de 2025, a cuenta de futuros acuerdos, con el objetivo de evitar que los ingresos queden por debajo de los percibidos en enero.

En paralelo, la AJB anunció la convocatoria a asambleas en las 20 departamentales judiciales de la provincia para el próximo lunes. En esos encuentros, los trabajadores analizarán la situación salarial y definirán los pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza.

Desde el gremio insistieron en la necesidad de una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y plantearon otros reclamos vinculados a la carrera judicial, como la creación de subcategorías para los cargos de menor antigüedad, mejoras para jubilados y pensionados, la convocatoria a una mesa técnica para revisar el escalafón y avances en materia de infraestructura.

El conflicto expone la creciente tensión entre el Gobierno bonaerense y los trabajadores judiciales, en una negociación que, lejos de encaminarse, amenaza con profundizar el malestar en el sector público provincial.