De manera sorpresiva, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dictó la Resolución 4 de 2026 y dispuso la suspensión de la habilitación del puerto de Ushuaia, junto con su intervención administrativa. La decisión dejó sin control a la provincia de Tierra del Fuego sobre una de sus infraestructuras estratégicas y colocó a la terminal bajo la órbita directa del Estado Nacional.

El acto administrativo, firmado por Iñaki Arreseygor, establece que desde hoy la Coordinación Técnica de la agencia nacional asume la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto, con la obligación de garantizar la continuidad de los servicios mínimos, la seguridad portuaria y el cumplimiento de las normas vigentes.

Desde el Gobierno fueguino rechazaron de plano la medida. El gobernador Gustavo Melella cuestionó los fundamentos de la intervención y expresó su disposición a dialogar con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para buscar una salida al conflicto. Sin embargo, dejó en claro que no comparten la decisión ni consideran que exista una justificación objetiva para una resolución de semejante alcance. La provincia anunció que iniciará acciones administrativas y que analiza recurrir a la vía judicial, al entender que se trata de un avasallamiento de las autonomías provinciales.

En un comunicado oficial, las autoridades fueguinas también advirtieron sobre la instalación de “narrativas preocupantes” vinculadas a supuestas intencionalidades geopolíticas o económicas que, según señalaron, no se corresponden con la realidad del funcionamiento del puerto. El planteo apunta a la lectura que hizo el Gobierno Nacional sobre la ubicación estratégica de Ushuaia para el abastecimiento antártico y las campañas científicas en el Atlántico Sur.

En ese marco, el exdiputado nacional Alejandro Rodríguez sostuvo que el presidente Javier Milei busca poner el puerto “al servicio de Donald Trump”, con fines militares y comerciales, lo que elevó aún más el tono de la controversia política alrededor de la intervención.

Desde la Nación, en tanto, se apoyaron en una denuncia presentada en julio del año pasado por la Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego, relacionada con la aplicación de la Ley 1596. Esa norma habilitó el traspaso de fondos del puerto hacia la Obra Social del Estado Fueguino y, según los denunciantes y el propio Gobierno Nacional, habría comprometido la operatividad, la autonomía financiera y el sustento institucional de la terminal.

Más allá de los argumentos técnicos, la decisión también se inscribe en un escenario de fuerte tensión política. Melella integra el grupo de gobernadores que quedaron fuera del diálogo con la administración libertaria, los llamados “cuatro excluidos”, denominación que popularizó el mandatario formoseño Gildo Insfrán. Axel Kicillof, otro de los gobernadores en esa situación, expresó su respaldo al fueguino al difundir el comunicado oficial de la provincia en sus redes sociales, sumando un nuevo capítulo al enfrentamiento entre la Casa Rosada y varios gobiernos provinciales.