En medio de un contexto económico marcado por ajustes y llamados a la austeridad desde el propio Gobierno nacional, la declaración patrimonial del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a generar polémica.

Según el reporte presentado ante los organismos de control, el funcionario registró un incremento patrimonial cercano a los 970 millones de pesos en comparación con lo informado en su declaración jurada correspondiente a 2024.

Entre los datos más destacados aparece la existencia de aproximadamente 1,4 millones de dólares depositados en cuentas en el exterior, lo que constituye uno de los principales componentes de su patrimonio.

El crecimiento de los activos del ministro se produce en un escenario económico caracterizado por la recesión y por una política oficial que promueve la reducción del gasto público y exige esfuerzos a amplios sectores de la población.

La presencia de una parte sustancial de su patrimonio fuera del país también reavivó el debate político sobre las decisiones financieras de los funcionarios que integran el Gobierno. La situación adquiere especial relevancia en el caso de un ministro cuya cartera impulsa reformas estructurales sobre el funcionamiento del Estado y la economía.

En ese contexto, algunos sectores cuestionan la aparente contradicción entre el discurso oficial, que promueve la confianza en la economía argentina, y la decisión de mantener activos en divisas y en jurisdicciones extranjeras.

Otro de los puntos señalados por críticos del oficialismo es el tratamiento que el tema recibe en el debate público. Mientras los incrementos patrimoniales de dirigentes de otros espacios políticos suelen generar una fuerte cobertura mediática, el crecimiento de la riqueza de algunos funcionarios actuales, según sostienen, no ha tenido la misma intensidad de análisis.

La discusión sobre transparencia y ética pública vuelve así al centro de la escena, con interrogantes sobre el origen, la evolución y la ubicación de los activos declarados por quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el Estado.