La Justicia federal solicitó la elevación a juicio oral de otros 8 integrantes de una organización narcocriminal transnacional investigada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Con este nuevo requerimiento, ya son 39 los acusados que deberán afrontar un juicio oral en una causa que se inició en 2022, tras el hallazgo de una avioneta abandonada en un campo del partido de Pergamino.

La investigación está a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y permitió desarticular una estructura con vínculos en Bolivia, Perú y Paraguay que, según la acusación, se dedicaba al transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de drogas, además de realizar maniobras para blanquear el dinero obtenido mediante esas actividades.

Entre los nuevos imputados figura el ciudadano peruano Guillermo William Godoy Ayerbe, de 51 años, señalado por la fiscalía como uno de los organizadores y financistas de distintas operaciones de narcotráfico. De acuerdo con la investigación, coordinaba reuniones con otros integrantes de la organización y supervisaba el traslado de bolsos utilizados en las maniobras ilícitas.

También fueron acusados los peruanos Jonatan Ismael Ormeño Sotomayor, de 41 años, y Antoni Geancarlo Rivera Romero, de 40; las paraguayas Analía Berenice Vásquez Barrios, de 25, Rosalba Barrios Cabello, de 39, y Susana Judith Pérez Castillo, de 35; el argentino Ramón Maidana, de 71 años; y un menor de edad.

Además del delito de tráfico de estupefacientes, todos fueron imputados por lavado de activos de origen ilícito. La fiscalía sostiene que adquirían bienes con dinero proveniente de la venta de drogas y realizaban movimientos de fondos mediante "cuevas financieras" de la Ciudad de Buenos Aires y otros establecimientos que aún no pudieron ser identificados.

La causa comenzó en mayo de 2022, cuando una avioneta fue encontrada abandonada en un campo de Pergamino. Los investigadores vincularon ese episodio con un presunto "narcovuelo", lo que dio origen a una extensa pesquisa que permitió reconstruir el funcionamiento de la organización.

En el expediente fue identificado como presunto líder de la banda el ciudadano peruano David Forton Salinas, alias "Piedrita", quien permanece prófugo y cuenta con un pedido de captura vigente. Según la investigación, residía junto a su familia en el barrio Padre Mugica, de la Ciudad de Buenos Aires.

Las tareas de inteligencia, los seguimientos y las intervenciones telefónicas permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización, los vehículos que utilizaban y los inmuebles donde desarrollaban parte de sus actividades. Para la fiscalía, la banda no solo traficaba cocaína, sino que también producía drogas sintéticas.

Durante los distintos allanamientos y procedimientos realizados en el marco de la investigación fueron secuestrados 112 kilogramos de cocaína, 1.785 pastillas de éxtasis, 53 kilogramos de marihuana, 522 plantines de cannabis, 195.000 dólares, 69 millones de pesos, más de 50 vehículos, además de balanzas de precisión, máquinas contadoras de billetes y otros elementos de interés para la causa.

Para la fiscalía, todos los imputados deben responder como coautores de los delitos de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de 3 o más personas y lavado de activos agravado. En el caso de Godoy Ayerbe, además, se le atribuye haber organizado y financiado parte de las maniobras vinculadas al narcotráfico.