Los docentes de las universidades nacionales resolvieron iniciar un paro de al menos 1 semana en reclamo de la puesta en marcha de la ley de financiamiento universitario, una decisión que impactará de lleno en el calendario académico y demorará el comienzo de clases previsto para el 16 de marzo.

La medida fue definida en un plenario de secretarios generales de los gremios que integran la CONADU, donde también se dejó abierta la posibilidad de profundizar el plan de lucha con un cese de actividades por tiempo indeterminado si el Gobierno no avanza con la implementación de la norma.

La ley en cuestión incrementa las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y contempla una actualización retroactiva de los salarios docentes, con un esquema atado a la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Sin embargo, el Ejecutivo vetó la norma tras manifestar su rechazo durante el debate parlamentario. Pese a que el Congreso insistió con su aprobación por mayoría de dos tercios y a la existencia de un fallo judicial que ordena su aplicación, el Gobierno mantuvo su postura y no la puso en vigencia.

En paralelo, impulsó un nuevo proyecto que propone un incremento presupuestario y salarial, aunque con montos considerablemente inferiores a los previstos en la ley sancionada. La iniciativa busca ser tratada una vez finalizado el actual período de sesiones extraordinarias.

El conflicto abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, mientras miles de estudiantes permanecen a la espera de definiciones sobre el inicio efectivo del ciclo lectivo.