Un conflicto salarial atraviesa a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz, donde policías activos, retirados, pensionados y personal penitenciario llevan adelante una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales y participación en las negociaciones paritarias.

Según explicaron integrantes de la denominada Mesa Unidad Policial y Penitenciaria, el reclamo comenzó en febrero de 2026 ante la falta de convocatoria a paritarias y la disconformidad con el rol de la asociación civil policial que hasta ese momento representaba al sector.

El grupo autoconvocado presentó pedidos formales ante el Gobierno provincial para poder participar del Consejo de Salario, un ámbito creado por decreto para discutir las condiciones salariales de policías y penitenciarios. Para ello, reunieron avales del 20 por ciento de efectivos activos y retirados, requisito establecido por la reglamentación.

Tras distintas movilizaciones, bocinazos y entrega de notas, los trabajadores denunciaron que no fueron recibidos inicialmente por la Jefatura de Policía ni por el ministro de Seguridad. Luego fueron atendidos por el jefe de Gabinete, quien les solicitó cumplir con los requisitos establecidos para ingresar al ámbito de discusión salarial.

El 26 de mayo, retirados y pensionados de ambas fuerzas instalaron una carpa frente a Casa de Gobierno en Río Gallegos para visibilizar el reclamo. Días después, el 3 de junio, comenzó una medida de fuerza que, según los organizadores, tiene un acatamiento superior al 95 por ciento en toda la provincia.

La protesta consiste en un quite de colaboración: los efectivos concurren únicamente ante emergencias y urgencias, mientras que se suspendieron tareas administrativas, servicios adicionales y otras actividades habituales. Además, los agentes concurren a las dependencias vestidos de civil y sin armamento.

En el caso del Servicio Penitenciario, indicaron que se mantiene la atención básica de las personas privadas de la libertad, garantizando alimentación, asistencia médica y traslados urgentes, aunque se suspendieron actividades no esenciales como visitas, controles programados y otros procedimientos.

Luego del inicio de la medida, el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz reconoció a la Mesa Unidad Policial y Penitenciaria como representante habilitado para participar del Consejo de Salario. La primera reunión paritaria comenzó el 10 de junio y pasó a cuartos intermedios hasta el 12, luego hasta el 16 y finalmente fue trasladada al 23 de junio.

Desde el sector reclamante señalaron que las propuestas presentadas por el Gobierno provincial no cumplen con sus expectativas, principalmente porque incluyen sumas no remunerativas que, según sostienen, no benefician a los jubilados y pensionados.

El pedido actual de la Mesa Unidad Policial y Penitenciaria es alcanzar un salario mínimo de 2.200.000 pesos con componentes remunerativos, luego de haber reducido sus pretensiones iniciales durante la negociación, ya que originalmente reclamaban un piso de 3.800.000 pesos.

Además, los representantes denunciaron supuestas presiones y amenazas por parte de integrantes de la Jefatura de Policía durante el proceso de negociación, situaciones que aseguran haber denunciado judicialmente.

Mientras continúa el conflicto, se mantienen marchas en distintas localidades de Santa Cruz, acampes frente a dependencias policiales y protestas de los trabajadores, a la espera de la próxima reunión paritaria prevista para el 23 de junio.