El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario Manuel Adorni. La medida apunta a esclarecer los movimientos económicos vinculados a la adquisición y remodelación de una propiedad ubicada en un barrio privado de Exaltación de la Cruz.

Según la investigación, la vivienda fue comprada por 120 mil dólares. De ese total, 100 mil habrían sido obtenidos a través de un préstamo en efectivo gestionado mediante una escribana, mientras que los 20 mil restantes fueron aportados por el propio Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Sin embargo, el foco de la causa está puesto en las refacciones del inmueble. De acuerdo con la declaración testimonial de un contratista, las obras se extendieron durante diez meses y habrían costado alrededor de 245 mil dólares, presuntamente abonados en efectivo y sin facturación respaldatoria.

A partir de estos elementos, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó acceder a los registros tributarios para reconstruir el circuito de pagos y verificar si se cumplieron las obligaciones fiscales correspondientes. La Justicia intenta determinar tanto el origen de los fondos como el valor real de la propiedad, en medio de dudas sobre la falta de documentación que respalde la tenencia y uso de divisas.

En paralelo, los investigadores detectaron que en las últimas declaraciones juradas del funcionario no figuran las obras realizadas, lo que refuerza las sospechas sobre posibles inconsistencias patrimoniales.

Además, la causa suma otro frente: una deuda vinculada a la compra de un departamento en Caballito, que según testimonios habría sido pactada de palabra por 65 mil dólares y que aún no cuenta con respaldo documental.

Con estos elementos, la fiscalía busca determinar si los movimientos económicos del funcionario pueden ser justificados o si, por el contrario, configuran un incremento patrimonial no declarado.