La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz a remitir, en un plazo de 48 horas, la totalidad del expediente vinculado a la ampliación del tribunal provincial, luego de constatar el incumplimiento de un pedido anterior.

La medida se conoció tras el rechazo de la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, en el marco de la causa que cuestiona la constitucionalidad de la ley que elevó la integración del tribunal santacruceño de 5 a 9 miembros.

El máximo tribunal había solicitado el 23 de abril la remisión de todas las actuaciones del expediente. Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte del TSJ, resolvió avanzar con una intimación formal.

La decisión quedó plasmada en una nueva providencia firmada en Buenos Aires, en la que se ordenó que la documentación sea enviada de inmediato en formato digital. El oficio hace referencia a la causa 917/2025 y a los incidentes vinculados, cuya remisión ya había sido requerida previamente.

Días atrás, la Corte también había rechazado la recusación impulsada por el gremio judicial, al considerar que fue presentada fuera de término y que no existían causales legales válidas para apartar a los magistrados. En ese sentido, recordó que se trata de una herramienta excepcional y de interpretación restrictiva, especialmente cuando se intenta apartar a integrantes del máximo tribunal.

El conflicto se originó tras la sanción de la ley provincial que amplió la composición del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, una decisión que generó cuestionamientos en ámbitos políticos, judiciales y gremiales. A partir de ello, se promovieron acciones de inconstitucionalidad, medidas cautelares y otros expedientes conexos.

En su última resolución, la Corte dejó en claro que necesita acceder a la totalidad de la documentación para avanzar con el tratamiento del caso. Por ese motivo, exigió también el envío de incidentes cautelares, resoluciones internas vinculadas a la organización y toma de juramento de nuevos integrantes, así como información sobre otros procesos relacionados.

La intimación en 48 horas marca un endurecimiento de la postura del máximo tribunal frente al incumplimiento previo y anticipa una etapa clave en la resolución del conflicto.