El delegado general del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) en la Zona Sur, Leandro Hidalgo, volvió a poner el foco en la situación del sector y reclamó la aplicación de políticas efectivas que aseguren el reconocimiento pleno de los derechos laborales. El planteo se da luego del reciente fallo de la Justicia bonaerense que reconoció la existencia de relación de dependencia entre las plataformas digitales y los repartidores.

“Celebramos el fallo judicial que sienta un precedente, pero necesitamos avanzar en medidas concretas que vayan en favor de la registración y el reconocimiento de derechos laborales”, expresó el dirigente.

La resolución judicial se consolidó tras el rechazo de los recursos extraordinarios presentados por las empresas por parte de la Corte Suprema bonaerense. De este modo, quedó establecido un criterio clave: los repartidores no son trabajadores autónomos, sino que mantienen un vínculo laboral con las aplicaciones.

Para Hidalgo, la decisión representa un avance importante, aunque advirtió que no alcanza si no se traduce en cambios reales. “Necesitamos que se obligue a las empresas a respetar las condiciones y todos los derechos laborales que entendemos que debemos tener dado que la Justicia reconoció ya que existe una relación laboral”, remarcó.

En paralelo, las compañías del sector recibieron sanciones económicas por distintas irregularidades, entre ellas la falta de registración, ausencia de cobertura de riesgos del trabajo y falta de aportes previsionales. Las multas alcanzan montos elevados: en el caso de Rappi llegan hasta 16 millones de pesos, mientras que para PedidosYa rondan los 17 millones.

Sin embargo, desde el sindicato cuestionaron el impacto real de estas penalizaciones. “Queremos saber qué va a pasar también con esa plata, si va a ir para los repartidores o dónde lo van a destinar. Además de que es un monto insuficiente, no sirve de mucho si las compañías siguen teniendo en las mismas condiciones a los trabajadores”, planteó Hidalgo.

Frente a la decisión de las empresas de apelar el fallo, el dirigente advirtió que el conflicto continúa abierto y llamó a fortalecer la organización gremial. “Todavía la lucha continúa, es por eso que tenemos que fortalecer el sindicato, sumarse a la organización para seguir la pelea por nuestros derechos”, sostuvo.

El SiTraRepA, que cuenta con más de 2500 afiliados en todo el país, busca consolidarse en un sector atravesado por la precarización y la falta de regulación. En ese marco, Hidalgo describió un escenario cada vez más complejo para los trabajadores, con tarifas en baja y jornadas que se extienden para sostener los ingresos.

“Cada vez pagan menos por pedidos, buscan que nos enemistemos entre los propios repartidores, pero no van a lograrlo”, denunció. Además, alertó sobre las consecuencias sociales y sanitarias del modelo laboral vigente: “La situación hoy en día es muy terrible, tenés trabajadores que se enferman, que no tienen cobertura y que incluso han muerto, y a las empresas no les importa eso”.

Por último, el dirigente también apuntó contra el Gobierno nacional por la falta de reconocimiento institucional del sindicato y la ausencia de políticas concretas para el sector. “Tenemos que imponerle al Gobierno a través de la lucha, el reconocimiento al sector y la necesidad de establecer medidas concretas que aseguren el cumplimiento de nuestros derechos laborales”, concluyó.

El fallo judicial abre una nueva etapa para los trabajadores de reparto por aplicación, aunque desde el sector advierten que, sin decisiones políticas firmes y controles efectivos, el reconocimiento legal podría quedar reducido a una declaración sin impacto real.