Lo que transcurría como una mañana habitual en los Tribunales de San Martín derivó en una escena de extrema tensión. Cerca del mediodía, un numeroso grupo de personas ingresó de forma violenta al edificio judicial, lanzó amenazas y causó destrozos con un objetivo preciso: intimidar al juez Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías numero 5.

Según se informó, alrededor de 20 individuos comenzaron a gritar en la planta baja y exigieron entrevistarse con el magistrado. El accionar generó pánico entre trabajadores y funcionarios judiciales, que debieron improvisar una defensa precaria al bloquear una escalera para evitar que el grupo avanzara hacia los pisos superiores.

La situación se agravó cuando los agresores rompieron una ventana y lograron acceder al primer piso, donde funcionan otros juzgados. Durante varios minutos, el edificio quedó prácticamente fuera de control, con un riesgo concreto para quienes se encontraban cumpliendo tareas en ese momento.

De acuerdo a información judicial, los atacantes estarían vinculados a una organización criminal que días atrás fue desarticulada parcialmente tras un allanamiento en Villa Maipú. En ese operativo se secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés, y fueron detenidos 6 adultos y 3 menores, sospechados de integrar una banda dedicada al narcomenudeo. El juez Schiavo había intervenido en esa causa.

El episodio generó un inmediato rechazo institucional. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y advirtió sobre la situación de vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones jueces y empleados.

Desde la entidad señalaron que el ataque expuso graves falencias estructurales en materia de seguridad y reclamaron respuestas urgentes del Estado. También alertaron que la desfederalización de los delitos vinculados al narcomenudeo incrementó la presión y el riesgo sobre la Justicia provincial.

En el cierre del documento, instaron a los tres poderes del Estado a adoptar medidas concretas para garantizar la integridad del personal judicial y el normal funcionamiento del sistema. “Sin seguridad no hay Justicia posible”, remarcaron.