En un contexto de recesión, caída del consumo y pérdida sostenida del poder adquisitivo, el Gobierno nacional decidió oficializar el aumento de los salarios de sus principales funcionarios. La confirmación llegó de boca del propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció que ministros y secretarios actualizarán sus ingresos por primera vez desde el inicio de la gestión.

“Aumentamos los sueldos ahora, sí. Pero no los aumentábamos desde el inicio de la gestión. Ahora los ministros sí se actualizan los sueldos. Ministros y secretarios, creo”, expresó en Radio Rivadavia.

Según detalló, un ministro que hasta ahora percibía cerca de $2,8 millones pasará a cobrar más de $5 millones mensuales. “Ganábamos más o menos algo así como dos millones ochocientos. Y ahora va a subir… creo que va a subir a cinco millones y algo”, precisó.

La explicación oficial fue que esos salarios permanecían congelados desde 2023. Sin embargo, la frase que más resonó fue otra: “A mucha gente se le hace muy difícil. Algunos lo podemos sostener hoy, ese es un problema”, dijo el ministro, en un país donde millones de personas no logran sostener lo básico.

La decisión se conoce mientras jubilados, empleados públicos y trabajadores formales ven cómo sus ingresos quedan sistemáticamente por detrás de la inflación. Las jubilaciones mínimas continúan por debajo de la línea de pobreza, aun con bonos extraordinarios, y las paritarias corren siempre desde atrás.

Al mismo tiempo, los tarifazos en electricidad, gas, transporte y combustibles multiplicaron el peso de los servicios esenciales sobre los ingresos familiares. Cada vez más hogares destinan una porción mayor de su salario a pagar cuentas, resignando consumo.

En ese escenario, el incremento salarial para la primera línea del Gabinete choca de frente con el discurso oficial que sostiene que “no hay plata” para recomponer jubilaciones, salarios estatales o sostener políticas públicas. Mientras se frenan obras, se recortan programas y se ajusta a provincias y municipios, los sueldos de los funcionarios superarán los $5 millones.

La medida vuelve a abrir una discusión inevitable: el ajuste no impacta de la misma manera en todos. Y, otra vez, queda expuesto quiénes pueden atravesarlo sin sobresaltos y quiénes cargan con el costo real del reordenamiento económico.