El acceso a la vivienda en Argentina atraviesa una etapa cada vez más restrictiva para quienes alquilan, en un contexto marcado por aumentos sostenidos y pérdida del poder adquisitivo. Un relevamiento nacional reciente advierte sobre un escenario crítico, donde los hogares inquilinos deben reorganizar sus economías para sostener gastos básicos y, en muchos casos, recurrir al endeudamiento para subsistir.

El estudio, realizado en marzo de 2026 sobre 690 casos distribuidos en 20 provincias, señala que el 70,6% de los inquilinos destina al menos el 40% de sus ingresos al alquiler, un nivel que supera ampliamente los parámetros internacionales recomendados. Esta presión económica se traduce en una mayor inestabilidad habitacional: el 17,2% de los encuestados debió mudarse por no poder afrontar los costos.

El endeudamiento aparece como una constante en este panorama. El 70,9% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas, en su mayoría vinculadas a gastos esenciales. Más de la mitad (53,2%) tomó deuda para comprar alimentos, mientras que el 38,9% recurrió al crédito para pagar el alquiler. Las tarjetas de crédito se consolidan como la principal herramienta de financiamiento, utilizadas en el 65,2% de los casos.

El impacto también se refleja en el interior de los hogares. El 89,6% de los inquilinos redujo gastos básicos, principalmente en alimentos (65,1%) y salud (54,2%). Esta situación repercute directamente en la calidad de vida: solo el 38,6% logra sostener las cuatro comidas diarias, mientras que cerca del 30% se limita a una o dos.

En paralelo, el mercado laboral no logra compensar la caída de ingresos. Si bien el 71,4% de los encuestados cuenta con empleo formal, los salarios resultan insuficientes. Frente a esto, el pluriempleo se vuelve una estrategia extendida: el 45,7% tiene más de un trabajo y un 14,1% perdió alguna fuente laboral en el último año.

A nivel territorial, el problema presenta matices pero mantiene la misma gravedad. En la provincia de Buenos Aires, el 20,2% de los inquilinos tuvo que mudarse por no poder pagar el alquiler, mientras que el 70% recortó gastos en alimentos. En Neuquén, donde se registran los alquileres más altos del país, uno de cada tres inquilinos debió abandonar su vivienda por razones económicas.

El relevamiento concluye que la crisis habitacional dejó de ser un fenómeno aislado y se consolidó como un problema estructural. La combinación de ingresos insuficientes, alquileres cada vez más elevados y deterioro en las condiciones de vida configura un escenario en el que acceder a una vivienda propia se vuelve cada vez más lejano para amplios sectores de la población.