Un nuevo escándalo sacudió al Banco de la Nación Argentina tras conocerse que funcionarios y legisladores vinculados al gobierno de Javier Milei accedieron a créditos hipotecarios por cifras millonarias, en medio de fuertes cuestionamientos por presuntas condiciones preferenciales.

La polémica se desató a partir de la publicación de datos abiertos en el sitio “¿Cuánto deben?”, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que recopila información de la Central de Deudores del Banco Central y permite rastrear el nivel de endeudamiento de figuras públicas dentro del sistema financiero.

Entre los casos que generaron mayor repercusión aparecen Felipe Núñez, con un crédito de 373 millones de pesos; Federico Furiase, con 367 millones; y Pedro Inchauspe, con 510 millones. A ellos se suman otros funcionarios como Juan Pablo Carreira y Emiliano José Mongilardi, director de YPF, además de diputados de La Libertad Avanza que también accedieron a préstamos de gran magnitud.

Frente a la controversia, el Banco Nación difundió un comunicado a través de la red social X en el que sostuvo que los créditos se otorgan “de manera homogénea, sin excepciones”. Sin embargo, desde 2024 existe una línea específica para empleados y funcionarios públicos que contempla beneficios no disponibles para el resto de los clientes.

En paralelo, el diputado socialista Esteban Paulón impulsó pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y a la entidad bancaria, con el objetivo de esclarecer los criterios utilizados para la asignación de estos préstamos y garantizar transparencia en el proceso.

La situación sumó un nuevo capítulo con la viralización de un caso que encendió aún más el debate: el de Sharif Menem, de 24 años, quien en su primer empleo formal como asesor habría accedido a un crédito de 357 millones de pesos, lo que alimentó las sospechas sobre posibles privilegios dentro de la banca pública.

El episodio volvió a poner en discusión la equidad en el acceso al crédito estatal y dejó bajo fuerte cuestionamiento a funcionarios y legisladores del oficialismo, mientras crecen los reclamos por reglas claras y controles más estrictos.