A un año de la firma del entendimiento por 20000 millones de dólares, el balance oficial presenta resultados dispares. Mientras el Gobierno logró cumplir con los objetivos fiscales —alcanzando un superávit primario cercano al 1,4 por ciento del producto bruto interno en 2025, por encima de lo comprometido—, el principal punto de conflicto radica en la falta de acumulación de reservas.

Este desvío obliga a la Argentina a solicitar un “waiver”, es decir, una dispensa por no haber alcanzado esa meta, lo que introduce una negociación adicional con el organismo internacional.

El programa de Facilidades Extendidas, rubricado el 11 de abril de 2025, ya superó una primera revisión en julio del año pasado, instancia que habilitó un giro cercano a 2000 millones de dólares. Ahora, el equipo económico apunta a cerrar la segunda evaluación para obtener un nuevo desembolso de aproximadamente 1000 millones, aunque el proceso técnico todavía no fue aprobado.

La revisión incluye dos etapas: primero, la validación del staff técnico del Fondo y luego la aprobación del directorio. De acuerdo con estimaciones privadas, ese último paso puede demorar entre 2 y 4 semanas desde que se alcanza un entendimiento preliminar.

Para la administración de Javier Milei, el aval del FMI no solo es relevante por el ingreso de divisas, sino también por la señal de respaldo internacional en un contexto financiero aún inestable. En ese marco, el Banco Central ya delineó un plan para fortalecer sus reservas en unos 10000 millones de dólares, en línea con las exigencias del organismo.

La agenda de Caputo en Estados Unidos incluirá encuentros con autoridades del Fondo y del Banco Mundial, en un escenario global atravesado por la guerra en Medio Oriente, que suma presión sobre los precios de la energía y condiciona las perspectivas económicas.

Al mismo tiempo, el calendario de pagos con el organismo agrega urgencia a las negociaciones. En lo que resta del año, el país deberá afrontar compromisos por alrededor de 4420 millones de dólares, con mayores exigencias hacia el segundo semestre.

En este escenario, la negociación en Washington aparece como un punto de inflexión. El resultado no solo determinará el acceso a financiamiento, sino también el margen de acción del Gobierno para sostener su programa económico en los próximos meses.