El reclamo impulsado en la provincia de Buenos Aires durante 2024 volvió a escena este martes con una convocatoria ampliada: intendentes de todo el país llegaron a la Ciudad de Buenos Aires para exigir respuestas al Gobierno nacional. La movida, coordinada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), incluyó una presentación formal ante el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y una posterior reunión con el gobernador Axel Kicillof.

La iniciativa, que comenzó a gestarse la semana pasada, se concretó al mediodía con la entrega de una nota en el Palacio de Hacienda. Allí, los jefes comunales plantearon tres demandas centrales: la restitución de fondos retenidos a las provincias, la reactivación de la obra pública y la utilización efectiva de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles.

En la previa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había confirmado que Kicillof participaría de un encuentro con los intendentes tras la presentación. Según explicó, la convocatoria surgió desde la propia FAM y reunirá a alcaldes de distintas jurisdicciones.

El trasfondo del conflicto tiene que ver con los reclamos que el mandatario bonaerense viene sosteniendo ante la Nación por la distribución de recursos. A fines de marzo, Kicillof había anticipado que los fondos que eventualmente recupere serán distribuidos entre los municipios. En ese marco, también se espera una audiencia en la Corte Suprema, prevista para la próxima semana, donde se intentará avanzar en la discusión por las deudas entre Nación y Provincia, con respaldo de intendentes.

En la jornada también participaron jefes comunales vinculados a La Cámpora, como Julián Álvarez, Damián Selci, Iván Villagrán, Waldemar Giordano y Eva Mieri. Desde ese sector impulsan además el retroceso del precio de los combustibles al valor del 1 de marzo y reclaman que lo recaudado por ese impuesto se destine a obras públicas.

Otra de las voces que viene sosteniendo estos planteos es la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien además defiende las tasas municipales frente a los cuestionamientos del Gobierno nacional. Desde su entorno aseguran que los municipios están absorbiendo el impacto social y económico ante la falta de asistencia nacional.

El antecedente inmediato de esta protesta se remonta a junio de 2024, cuando un grupo de intendentes, encabezado por Bianco y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, realizó un reclamo similar. En ese momento denunciaban la paralización de 1000 obras y una deuda de 5,8 billones de pesos. Hoy, según estimaciones provinciales, ese monto ya supera los 15 billones.

Aquel planteo no tuvo respuestas concretas y, un año después, el conflicto persiste. Incluso, Katopodis volvió a reunir intendentes en Luján para avanzar con una presentación judicial vinculada a la recaudación del Impuesto a los Combustibles y el mantenimiento de rutas, en un escenario que sigue tensionando la relación entre Nación y provincias.