Unas 85 organizaciones sociales comenzaron este martes un plan de protestas en distintos puntos del país, con cortes de rutas y movilizaciones, en rechazo a la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de 78.000 pesos mensuales.

La medida responde a la decisión del Gobierno de Javier Milei de reemplazar las transferencias directas por un sistema de capacitación laboral mediante vouchers, iniciativa que comenzará a aplicarse en noviembre y que generó fuertes cuestionamientos de gremios y movimientos sociales.

En ese marco, la Corriente Clasista y Combativa encabezó una de las principales protestas en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, además de impulsar cortes en accesos clave como el Puente Pueyrredón. También se registraron manifestaciones en rutas del interior, con puntos de conflicto en la ruta 2 a la altura de Mar del Plata, y en ciudades como San Nicolás, Pergamino y Bahía Blanca.

El eje del reclamo es el fin del programa Volver al Trabajo, que dejará de abonarse esta semana para ser sustituido por un esquema centrado en la formación y la inserción laboral. Según las organizaciones, la medida afectará de manera directa a las economías barriales. Solo en La Plata, aseguran, hay alrededor de 38 mil beneficiarios alcanzados por la decisión.

El programa había sido anunciado en 2024 con un monto inicial de 78.000 pesos y no fue prorrogado. En su lugar, el Ejecutivo puso en marcha una prueba piloto que comenzó en enero con un grupo reducido de desocupados que participaron de capacitaciones en un centro de formación ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reemplazar la asistencia económica permanente por herramientas de formación que mejoren las posibilidades de inserción laboral, a través de títulos avalados por sectores productivos. Para ello, el Ministerio de Capital Humano trabaja en el desarrollo de una red federal de instituciones educativas adaptadas a las demandas de cada región.

En contraposición, desde la Corriente Clasista y Combativa calificaron la medida como un “ataque” a los sectores más vulnerables y advirtieron que busca desarticular las redes comunitarias construidas en los barrios populares. Además, en un comunicado señalaron: “No podemos permitir esta masacre social y económica sin luchar”.