La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el planteo del Gobierno nacional y confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras luego del veto presidencial.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible la apelación presentada por el Ejecutivo al considerar que el expediente todavía no cuenta con una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

Con esta decisión, continúa vigente la orden judicial que establece la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados a la actualización salarial de docentes y trabajadores no docentes universitarios, además de la recuperación de programas destinados a estudiantes.

El conflicto judicial comenzó luego de que el Gobierno dictara el decreto 759/2025, mediante el cual condicionó la implementación de la ley a la identificación previa de fuentes de financiamiento específicas. Esa medida fue cuestionada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales, que impulsaron un amparo colectivo al considerar que el Ejecutivo estaba restringiendo una norma aprobada por el Poder Legislativo.

Tanto el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal como la Cámara de Apelaciones que intervinieron previamente entendieron que existían argumentos suficientes para ordenar el cumplimiento inmediato de parte de la legislación. En sus fallos señalaron que la falta de actualización salarial podía profundizar la crisis de ingresos de docentes y trabajadores universitarios, con consecuencias directas sobre el funcionamiento de las instituciones educativas.

Más allá del expediente judicial, la resolución de la Corte representa un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y las universidades públicas. El máximo tribunal todavía no resolvió si el decreto cuestionado es constitucional, pero sí mantuvo la obligación estatal de avanzar con la aplicación parcial de la norma.

La decisión se produce después de una serie de reclamos de la comunidad universitaria, que durante los últimos 2 años realizó 4 Marchas Federales Universitarias para exigir mayor financiamiento, recomposición salarial y recursos para sostener actividades académicas, de investigación, extensión y asistencia estudiantil.

Rectores, docentes, no docentes y estudiantes vienen advirtiendo sobre el deterioro del sistema universitario producto de presupuestos que consideran insuficientes frente al aumento de los costos y la inflación.

El fallo también llega días después de un acuerdo alcanzado el 10 de junio entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios universitarios. El entendimiento incluyó una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento, un aumento de los fondos para hospitales universitarios hasta los 50 mil millones de pesos y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Por ese motivo, la resolución judicial no implica un impacto económico inmediato, aunque refuerza la vigencia de la ley y la obligación del Estado de cumplir con sus disposiciones.

Mientras la administración de Javier Milei sostiene su política de reducción del gasto público bajo el argumento del equilibrio fiscal, desde las universidades señalan que el ajuste afecta la calidad educativa, provoca la pérdida de docentes por los bajos salarios y pone en riesgo áreas estratégicas de investigación y desarrollo.

Con este fallo, la disputa por el financiamiento universitario vuelve a quedar atravesada por una pelea institucional entre el Poder Ejecutivo y un sistema educativo que reclama la aplicación plena de una ley aprobada por el Congreso.