La Justicia federal investiga a siete personas privadas de la libertad que habrían participado de una maniobra de extorsión contra el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien fue encontrado sin vida el 16 de diciembre mientras cumplía funciones de seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos.

La información fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Según se detalló, los imputados se contactaron con la víctima mediante una aplicación de citas, utilizando un perfil falso bajo el nombre “Julieta Ayelén Cardozo”.

De acuerdo con la investigación judicial, la organización operaba desde las unidades penitenciarias número 36 de Magdalena y número 26 de Olmos. En ese marco, se realizaron allanamientos en ambos establecimientos y en viviendas ubicadas en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, vinculadas a maniobras de características similares.

Durante el anuncio oficial, Monteoliva calificó al grupo como una “pyme del delito” y remarcó la gravedad del uso de teléfonos celulares dentro de los penales. En la misma línea, Adorni sostuvo que permitir el acceso irrestricto a celulares “equivale a habilitar un arma dentro de una celda”.

Por su parte, Arroyo Salgado advirtió que este tipo de hechos no son aislados y señaló que existen numerosos antecedentes de delitos graves cometidos desde cárceles mediante el uso ilegal de dispositivos móviles, lo que —en casos extremos— puede derivar en consecuencias fatales.

El fallecimiento del joven soldado generó conmoción en el ámbito de la seguridad nacional. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a los organismos judiciales y periciales, que continúan avanzando con la investigación para determinar responsabilidades penales.