La Justicia condenó a la Municipalidad de General Pueyrredon por los daños ocasionados tras el incendio de un vehículo abandonado que terminó afectando a un kiosco de diarios en el centro de Mar del Plata, en un caso que volvió a dejar expuesta la falta de respuesta del Estado municipal ante reiterados reclamos vecinales.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, que revocó un fallo de primera instancia favorable a la comuna y responsabilizó al Municipio por no haber actuado a tiempo pese a las advertencias previas sobre el estado del rodado.

El episodio ocurrió en junio de 2019 en la intersección de Colón y Sarmiento, cuando una Renault Express abandonada en la vía pública comenzó a incendiarse. Las llamas avanzaron rápidamente y alcanzaron un kiosco de diarios lindero, causando importantes pérdidas materiales.

La propietaria del puesto inició una demanda judicial al sostener que la Municipalidad ya había sido notificada sobre la situación del vehículo y, aun así, no tomó medidas para removerlo. Durante el expediente quedó acreditado que existió un reclamo previo al sistema 147 y que inspectores municipales incluso habían constatado el abandono del utilitario mediante un acta oficial.

Pese a ello, el vehículo continuó durante semanas en el mismo lugar. Desde la comuna argumentaron que no había espacio disponible en las playas de secuestro para trasladarlo, una explicación que fue rechazada por los jueces Roberto Mora y Diego Ucín, quienes remarcaron que el Estado local tenía la obligación concreta de intervenir para evitar riesgos.

En el fallo, los magistrados señalaron que el incendio no podía ser considerado un hecho aislado ni imprevisible, ya que el peligro había sido detectado previamente por la propia administración municipal, que optó por no actuar.

Si bien la Cámara reconoció la responsabilidad estatal, no hizo lugar a la totalidad del reclamo económico presentado por la damnificada debido a la falta de documentación respaldatoria sobre mercadería, ingresos y pérdidas comerciales.

Finalmente, el tribunal ordenó una indemnización parcial calculada sobre una pericia de 600 mil pesos correspondiente a 2019, aunque aplicando una reducción del 70 por ciento más intereses. Según estimaciones actuales, el monto rondaría los 4 mil dólares.