El Gobierno nacional despidió en los últimos días al menos a 84 trabajadores del Hospital Posadas, uno de los centros de referencia del oeste del conurbano bonaerense. Desde los sindicatos vincularon estas cesantías con la reciente expulsión de 11 empleados del Hospital Garrahan, en su mayoría delegados gremiales, y con otros recortes en el Ministerio de Salud. El diagnóstico es contundente: un plan para “dinamitar la salud pública”.

Las desvinculaciones en el Posadas, hospital nacional ubicado en El Palomar, partido de Morón, fueron calificadas como “injustificadas y arbitrarias” por las organizaciones sindicales. La decisión llega en un contexto de financiamiento crítico que, según denuncian, derivó en una falta crónica de personal y situaciones extremas, como pacientes obligados a pagar atención privada durante internaciones prolongadas.

Ante este escenario, la asamblea del Posadas resolvió exigir una mesa de negociación para la inmediata reincorporación de los despedidos, mantener el estado de asamblea permanente y confluir el miércoles 4 a las 16 horas en un Cabildo Abierto en el Hospital Garrahan, como parte de una acción conjunta del sector salud.

Los gremios también advirtieron que el recorte se inscribe en una posible avanzada hacia la privatización o el gerenciamiento privado de hospitales de gestión mixta en la provincia de Buenos Aires, integrados al sistema Samic, una hipótesis que refuerza el temor a un desmantelamiento progresivo del sistema público.

La escalada se profundizó con el anuncio oficial del despido de 11 trabajadores del Garrahan, entre ellos 10 delegados sindicales, acusados por una protesta contra descuentos salariales aplicados tras paros del personal médico y de residentes. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud señalaron que ya se registran otros 300 despidos en el Ministerio.

“El ajuste es sistemático”, advirtió el secretario de organización de la federación, quien apuntó directamente contra Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, a quienes responsabilizó por una política que pone en jaque la atención pública y los derechos laborales en uno de los sectores más sensibles del país.