La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su inquietud ante las modificaciones promovidas por el Gobierno nacional sobre el régimen de Zona Fría y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que podrían generar en hogares, comercios e industrias.

El planteo de la entidad surgió luego de que la Cámara de Diputados aprobara los cambios al sistema de subsidios, una medida que, de convertirse en ley, provocaría aumentos tarifarios en distintas provincias y alcanzaría también a 94 municipios bonaerenses. La iniciativa forma parte del plan oficial para reducir el gasto estatal y ya recibió cuestionamientos de distintos sectores políticos, entre ellos los gobernadores Axel Kicillof y Martín Llaryora.

A través de un comunicado, CAME remarcó que las condiciones climáticas y geográficas de la Patagonia vuelven indispensable el consumo de gas y energía durante gran parte del año. Según indicó la entidad, en muchas localidades del sur las bajas temperaturas se extienden entre 8 y 9 meses, lo que impide reducir significativamente el uso energético tanto en viviendas como en actividades productivas.

Además, sostuvo que las modificaciones alteran el criterio histórico del régimen compensatorio creado para equilibrar las desigualdades estructurales de la región. En ese sentido, alertó que más de 1,69 millones de hogares podrían perder los descuentos actuales en las tarifas de gas.

La organización también señaló que limitar el beneficio únicamente al valor del gas en boca de pozo implicaría trasladar mayores costos de transporte, distribución e impuestos a los usuarios, provocando incrementos tarifarios que muchas familias no estarían en condiciones de afrontar.

CAME afirmó que distintos estudios especializados prevén subas importantes en las facturas residenciales y comerciales, lo que tendría un impacto directo sobre el consumo interno, la actividad económica y el empleo. La preocupación se profundiza en un contexto en el que, según datos de la propia entidad, las ventas minoristas acumularon una caída de 3,5 por ciento durante el primer cuatrimestre del año.

En relación con las pequeñas y medianas empresas, la confederación sostuvo que el sector ya atraviesa dificultades vinculadas a la baja de ventas, el incremento de costos operativos y los problemas financieros. Por eso, consideró que una mayor presión tarifaria agravaría la desaceleración económica y pondría en riesgo puestos de trabajo.

Finalmente, CAME pidió abrir una instancia de diálogo institucional y federal antes de avanzar con la implementación definitiva de la reforma. “Defender el Régimen de Zona Fría es defender la calidad de vida de millones de argentinos que habitan y producen en la región patagónica”, concluyó la entidad.