El Gobierno Nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley para dejar sin efecto la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La propuesta ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.

Desde el Poder Ejecutivo sostuvieron que la aplicación de la normativa actual, basada en criterios de la Organización Panamericana de la Salud, mostró “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su derogación.

En ese sentido, el Gobierno solicitó un tratamiento rápido del proyecto para avanzar hacia un sistema que considere “más uniforme, adaptable y técnicamente consistente”.

Entre los principales argumentos oficiales figura la eliminación total del esquema actual, lo que implicaría quitar los octógonos negros de advertencia de los envases y también las restricciones vinculadas a publicidad, entornos escolares y utilización de personajes infantiles en productos alimenticios.

Además, el Ejecutivo cuestionó que el modelo vigente aplique los mismos parámetros a alimentos de características muy diferentes, sin contemplar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional. Según planteó, esto genera que productos considerados tradicionales o saludables reciban advertencias similares a las de alimentos ultraprocesados.

Otro de los puntos señalados por el Gobierno es que el sistema actual no genera incentivos para que las empresas realicen mejoras graduales en la composición nutricional de sus productos, debido a que el esquema funciona de manera binaria: el producto tiene o no tiene advertencias.

También remarcaron que existen diferencias regulatorias dentro del Mercosur, lo que obliga a muchas empresas a producir envases diferenciados para cada mercado. Según el oficialismo, esta situación perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Por último, el proyecto sostiene que la normativa vigente presenta una “rigidez” que dificulta adaptarse a nuevos consensos científicos internacionales o a futuras actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina.

A pesar de la derogación propuesta, el Gobierno aclaró que continuarán vigentes las obligaciones relacionadas con la información nutricional de los alimentos envasados.