En medio del escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y referentes de La Libertad Avanza, la figura de Carolina Píparo volvió a generar controversia. Esta vez no por la toma de un préstamo, sino por la forma en que canceló una deuda que mantenía en dólares.

La ex diputada nacional, que fue candidata a gobernadora bonaerense en 2023, registraba compromisos por 60 mil dólares que, de manera llamativa, quedaron prácticamente saldados en diciembre de ese mismo año, coincidiendo con la asunción de Javier Milei como presidente. Aunque el movimiento no configura un delito en sí mismo, la rapidez con la que desapareció la deuda alimenta sospechas y se suma a las críticas por posibles privilegios para dirigentes cercanos al oficialismo.

La información surge de registros públicos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. A partir de esos datos, el diseñador gráfico Andrés Snitcofsky desarrolló una herramienta que permite visualizar la evolución de las deudas de funcionarios, lo que dejó al descubierto movimientos financieros que despertaron interrogantes sobre varios integrantes del espacio libertario.

En paralelo a esta polémica, Píparo ocupa actualmente un lugar clave dentro del propio Banco Nación. Desde diciembre del año pasado, integra el directorio de la entidad, luego de reemplazar a Rodolfo Nicolás Carvajal. Su designación también fue cuestionada, principalmente por la falta de experiencia específica en materia financiera, ya que su formación está vinculada al trabajo social y las políticas públicas.

Su recorrido laboral incluye funciones en el Ministerio de Seguridad bonaerense entre 2003 y 2010, y un paso por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el área de recursos humanos entre 2011 y 2017. Posteriormente, fue diputada provincial y más tarde diputada nacional, consolidando su perfil político dentro del espacio que hoy gobierna el país.

En un contexto de creciente desconfianza sobre el manejo de recursos públicos y el acceso a beneficios financieros, el caso vuelve a poner en discusión los criterios de transparencia y equidad en el sistema bancario estatal.