La investigación judicial que involucra al diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el juez federal Daniel Rafecas ordenara una serie de medidas de prueba para profundizar el análisis sobre presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales. La resolución fue adoptada antes de definir el pedido de declaración indagatoria presentado por el fiscal Guillermo Marijuán.

La causa examina desde hace varios meses la evolución del patrimonio del legislador y busca establecer si existieron inconsistencias u omisiones en la información declarada. En ese marco, el magistrado requirió al Banco Provincia datos vinculados con la cancelación de un crédito hipotecario de aproximadamente 60 millones de pesos, además de solicitar a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada de Adorni y al Registro de la Propiedad información sobre distintos inmuebles que forman parte de la investigación.

Uno de los principales ejes del expediente son las declaraciones rectificativas que el diputado presentó una vez iniciada la causa. La fiscalía intenta determinar si bienes, cuentas bancarias y otros activos habrían sido omitidos en las presentaciones originales y luego incorporados mediante esas correcciones.

Entre los aspectos bajo análisis también figura una herencia por 21 millones de pesos y diferencias detectadas entre distintas declaraciones patrimoniales. Para el fiscal Marijuán, esos elementos justifican continuar reuniendo pruebas antes de avanzar hacia una definición procesal.

Con estas nuevas diligencias, el expediente ingresa en una etapa clave. Una vez que se incorporen los informes solicitados, el juez Rafecas deberá resolver si existen elementos suficientes para citar a Francisco Adorni a prestar declaración indagatoria.

Si bien una indagatoria no implica una condena ni un procesamiento, representa un paso formal dentro del proceso penal y suele anteceder a una definición sobre la situación judicial del imputado.

En caso de que más adelante se dicte un procesamiento, la causa también podría generar repercusiones políticas en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde podrían activarse los mecanismos previstos en el reglamento interno y en la Constitución provincial para analizar la situación del legislador y el alcance de sus fueros.

Por el momento, la Justicia continúa incorporando documentación con el objetivo de determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación formal contra el diputado libertario.