La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un elemento que podría resultar determinante para el futuro del expediente. En la antesala del inicio de la feria judicial de invierno, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que detectó inconsistencias en la evolución patrimonial del ex funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.

Aunque el contenido del documento permanece bajo reserva, fuentes vinculadas a la causa señalaron que las conclusiones no favorecen a Adorni. Con este informe incorporado al expediente, la fiscalía considera prácticamente finalizada la etapa inicial de la investigación y prepara el requerimiento para que el ex funcionario justifique el origen de su patrimonio.

La presentación formal deberá esperar hasta el final de la feria judicial, que se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio. Cuando la actividad se reanude el 3 de agosto, Pollicita evaluará en detalle el informe y, si no surgen nuevas medidas de prueba, intimará a Adorni para que explique las diferencias detectadas. En caso de que esas explicaciones no resulten suficientes, el fiscal podría solicitar al juez federal Ariel Lijo que lo cite a prestar declaración indagatoria.

La DAFI fue convocada para reconstruir la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde diciembre de 2023, cuando el ex vocero presidencial se incorporó al Gobierno de Javier Milei.

El estudio incluyó el análisis de bienes, ingresos, egresos, inversiones, deudas, créditos, movimientos bancarios y operaciones con criptomonedas. Además, toda esa información fue contrastada con declaraciones juradas, registros fiscales y otros antecedentes incorporados al expediente.

Los investigadores también revisaron depósitos, transferencias, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y movimientos realizados en plataformas de activos virtuales como Binance y Lemon Cash, con el objetivo de reconstruir el recorrido del dinero y determinar si los ingresos declarados alcanzaban para justificar el nivel de gastos e inversiones registrado durante el período investigado.

Si bien el informe no fija montos específicos ni formula una acusación penal, sí advierte inconsistencias que ahora deberán ser evaluadas por la fiscalía para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado.

Durante los últimos meses, la causa incorporó diversos elementos de prueba. Entre ellos figuran gastos que superarían los 400 mil dólares, deudas cercanas a los 335 mil dólares, consumos con tarjetas de crédito propias y también con plásticos pertenecientes a funcionarios y colaboradores del área de Comunicación, viajes al exterior, compras de alto valor y pagos realizados en efectivo.

Uno de los testimonios considerados relevantes fue el del contratista Matías Tabar, quien declaró haber recibido pagos en efectivo por las refacciones efectuadas en la vivienda de Adorni, ubicada en el country Indio Cuá. A ello se suman documentación secuestrada durante la investigación, respuestas enviadas por plataformas de criptomonedas e informes financieros que, según la hipótesis de la fiscalía, reflejarían un nivel de gastos superior al que podía justificarse con los ingresos conocidos del ex funcionario.

Hasta el momento, Adorni sostuvo públicamente que su patrimonio se explica por ahorros acumulados antes de ingresar a la función pública, ganancias obtenidas mediante inversiones en Bitcoin iniciadas en 2012 y una herencia familiar. Sin embargo, una vez concluida la feria judicial, será la primera oportunidad en la que deba brindar esas explicaciones ante la Justicia.

La investigación continúa bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, quienes definirán los próximos pasos del expediente tras el análisis definitivo del informe elaborado por la DAFI.