La ronda de consultas impulsada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para avanzar con la reforma de la Ley de Seguridad Pública llegó a su fin este miércoles con un encuentro que reunió a intendentes de la Tercera Sección Electoral. La jornada se desarrolló en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Almirante Brown y permitió debatir los principales ejes del proyecto que el gobernador Axel Kicillof enviará a la Legislatura bonaerense.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero, junto al intendente interino de Almirante Brown, Juan José Fabiani, y el legislador provincial Mariano Cascallares. También participaron jefes comunales y funcionarios de distintos municipios del sur del conurbano.

Con este encuentro, el Ministerio de Seguridad concluyó el proceso de consultas que durante las últimas semanas se desarrolló en las distintas secciones electorales de la provincia para recoger aportes de los gobiernos locales antes de la presentación formal del proyecto.

Previamente, las reuniones habían convocado a representantes de la Primera, Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Sección Electoral. La jornada en la Tercera, una de las regiones con mayor densidad poblacional de la provincia, marcó el cierre del intercambio con los municipios.

Entre los asistentes estuvieron Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Eva Mieri (Quilmes), Magdalena Sierra (Avellaneda), Carlos Balor (Berazategui), Lisandro Hourcade (Magdalena), Andrés Watson (Florencio Varela) y Marisa Fassi (Cañuelas), además de otros representantes municipales.

Durante la reunión hubo coincidencias respecto de la necesidad de actualizar una legislación que lleva casi 30 años en vigencia y de ampliar la participación de los municipios dentro del sistema provincial de seguridad.

Tras el encuentro, Cascallares señaló que el proyecto apunta a modernizar la normativa vigente mediante el fortalecimiento del rol de los gobiernos locales, una mayor incorporación de tecnología aplicada a la prevención del delito y una integración entre los sectores público y privado.

En la misma línea, Otermín sostuvo que la futura ley debería contemplar herramientas como el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la inteligencia artificial para mejorar la prevención del delito y la identificación de quienes cometen hechos delictivos.

Además, remarcó la importancia de que el nuevo marco legal reconozca el esfuerzo económico y operativo que realizan los municipios para colaborar con las fuerzas de seguridad y garantice el financiamiento de las herramientas necesarias para fortalecer las políticas de prevención.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo bonaerense busca actualizar la Ley 12.154 de Seguridad Pública para incorporar formalmente a los municipios al sistema provincial, reconocer las políticas locales de prevención, crear mesas de coordinación y profundizar la articulación entre las comunas y la Policía Bonaerense.