A contramano de décadas de deterioro, el emblemático edificio conocido como El Castillo de Cañuelas quedó cerca de tener un nuevo destino. La Legislatura de la provincia de Buenos Aires avaló la expropiación del inmueble y reactivó un proyecto presentado por primera vez en 2022 para recuperar la exfábrica Finaco, ubicada en un punto estratégico del distrito.

La construcción, levantada entre finales de la década de 1920 y comienzos de la década de 1930 por el industrial francés Gustave Artaux, comprende cerca de 4.900 metros cuadrados y es considerada una de las postales más reconocibles de Cañuelas. En una instancia previa se había evaluado utilizarla como sede de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, aunque aquella propuesta educativa perdió estado parlamentario y quedó archivada.

Con la aprobación del Senado bonaerense, concretada el viernes pasado, tomó impulso la idea de transformar el edificio en un Polo Judicial. La iniciativa busca concentrar dependencias de Justicia, Seguridad y Tránsito en un único espacio. La diputada Ayelén Itatí Rasquetti, impulsora del expediente original, celebró la votación y sostuvo que ahora se abre una ventana de ciento veinte días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley. Si no se introducen modificaciones, la medida quedará firme y deberá iniciarse el juicio de expropiación. Según adelantó, la puesta en valor será financiada con fondos del Poder Judicial.

Las estimaciones conocidas durante los últimos días señalan que el valor de la expropiación rondaría los 4 millones de dólares.

Rasquetti presentó la propuesta en junio de 2022, pero al no avanzar en comisiones perdió vigencia. En mayo de 2024 fue reactivada con apoyo de la intendenta Marisa Fassi. Obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en marzo de 2025 y finalmente, el 28 de noviembre, el Senado provincial la convirtió en ley con el impulso de la senadora Sofía Vannelli.

El edificio fue inaugurado en 1932 para alojar la empresa alimenticia Finaco, dedicada a la producción de leche y huevo en polvo. Su historia posterior fue errática: primero fue expropiado durante el gobierno de Juan Domingo Perón, luego vendido durante la presidencia de Arturo Frondizi y más tarde adquirido por el empresario alemán Guillermo Woters, que instaló la planta Imfasa para la fabricación de películas fotográficas y radiográficas, hasta su quiebra a finales de la década de 1960.

Desde la década de 1980 la propiedad quedó en manos de Nilda Aquino Arzamendia y su hijo Martín Corsi. Pasó por distintos usos, incluidos boliche y restaurante, antes de volver a quedar abandonada y con riesgo permanente de usurpación.

Con la nueva ley, la Provincia prevé recuperar el edificio y asignarle una función institucional clave: centralizar servicios judiciales y administrativos en uno de los accesos más transitados de Cañuelas. La iniciativa busca cerrar un ciclo de deterioro y redefinir el destino de uno de los inmuebles más resonantes del distrito.