En medio del discurso oficial centrado en el ajuste del gasto público y la “motosierra” como bandera, el Gobierno nacional quedó envuelto en una nueva controversia. En la Casa Rosada comenzaron a circular versiones sobre una posible recomposición salarial para los funcionarios del Poder Ejecutivo, una medida que alcanzaría a la cúpula del Gobierno y que sería instrumentada por decreto presidencial.

Según trascendidos, el presidente Javier Milei evalúa firmar una norma que habilite aumentos para el presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios. El decreto podría publicarse a comienzos de enero, aunque desde el Ejecutivo aclaran que todavía no hay una decisión confirmada y que la definición final quedará en manos del propio mandatario.

En Balcarce 50 argumentan que la medida buscaría compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios jerárquicos, que —según cálculos oficiales— habrían caído cerca del 60 por ciento en términos reales desde el inicio de la gestión, en un contexto de alta inflación. Al mismo tiempo, aseguran que no habrá un “trato especial” y que los incrementos no superarían los acordados en las paritarias del empleo público.

Hoy, los sueldos brutos del Ejecutivo se ubican muy por debajo de los ingresos del Poder Legislativo: mientras un ministro cobra alrededor de 3,5 millones de pesos, las dietas de diputados y senadores rondan los 7 y 9,5 millones, respectivamente. Aun así, la sola posibilidad de una suba para la cúpula del Gobierno choca con el relato oficial del sacrificio y la austeridad, en un país donde el ajuste sigue recayendo sobre salarios, jubilaciones y programas sociales.

El tema ya generó tensiones internas durante 2025 y fue postergado para evitar costos políticos. No es un dato menor: un intento previo de aumentar los sueldos del gabinete terminó con la derogación de la medida y la salida de un funcionario, un antecedente que explica la cautela actual.

Mientras no haya anuncio oficial, las versiones vuelven a exponer una contradicción central del modelo libertario: el ajuste es inflexible hacia abajo, pero negociable en la cima del poder.