Judiciales y Policiales | 02/01

Conmoción institucional

Escándalo en la Legislatura: detuvieron a dos empleados acusados de liderar una presunta secta sexual

La Justicia investiga una red que habría operado durante casi una década bajo el nombre “Orden de la Luz”, utilizando ámbitos políticos y promesas laborales para captar y someter a las víctimas. Hay al menos cinco denuncias formales.

Un grave escándalo sacude por estas horas a la Legislatura, tras la detención de 2 de sus empleados, acusados de integrar y conducir una presunta organización de características sectarias dedicada a la captación, sometimiento y abuso sexual de jóvenes durante casi 10 años. La estructura, conocida como “Orden de la Luz”, habría utilizado ámbitos políticos, relaciones laborales y promesas de crecimiento dentro de la militancia como mecanismo de acercamiento a las víctimas.

La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de La Plata, y las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 4. Los imputados son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, a quienes se les atribuye la reiteración de los hechos, la existencia de múltiples víctimas y un riesgo procesal concreto.

De acuerdo con el expediente, las primeras denuncias se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos, con la promesa de una pasantía en la Legislatura. El encuentro, realizado en un domicilio particular, habría derivado en un abuso sexual. En 2016, otra joven de la misma edad denunció haber sido citada a un departamento de La Plata, donde fue abusada bajo amenazas con armas blancas.

A partir de ese período, la investigación describe un patrón que excede los hechos individuales. Entre 2016 y 2017, los abusos se habrían vuelto reiterados y sistemáticos, con la participación activa de Silva Muñoz, señalada como una figura clave en la captación y el sometimiento psicológico de las víctimas.

Durante 2017, la causa incorpora la conformación de la presunta “Orden de la Luz”, una estructura cerrada, jerárquica y coercitiva. Según los testimonios, Rodríguez era presentado como una figura con rasgos sobrenaturales bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz cumplía el rol de guía espiritual o “sensei”. En ese marco, las víctimas relataron haber sido sometidas a rituales, entrenamientos, controles permanentes y amenazas, además de recibir mensajes intimidatorios mediante correos electrónicos y otros canales digitales. El uso de lenguaje codificado y claves internas refuerza, para la fiscalía, la hipótesis de una organización planificada y sostenida en el tiempo.

Otro eje central del caso es la utilización de la militancia política y de estructuras del Estado como herramienta de captación. La acusación sostiene que las jóvenes eran atraídas mediante tareas militantes, con promesas de contención, formación política y oportunidades laborales en organismos públicos. En algunos casos, esas promesas se concretaban en puestos dentro del Senado bonaerense u otras dependencias, pero bajo la exigencia de entregar parte del salario con el argumento de “sostener la militancia”. Parte de los abusos, incluso, habrían ocurrido dentro del propio edificio del Senado.

Desde 2018, la investigación describe una profundización del control, con prácticas coercitivas, episodios de violencia física y la continuidad de los abusos sexuales, algunos de los cuales se habrían extendido hasta 2022 y 2023. Recién en ese tramo final, varias víctimas lograron romper el cerco de intimidación y avanzar con las denuncias formales.

Las detenciones se concretaron la noche del 29 de diciembre. Ambos imputados se negaron a declarar ante la Justicia y la defensa solicitó su traslado a una alcaldía departamental. En paralelo, se ordenaron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, armas blancas y soportes digitales, considerados elementos clave para el avance de la causa.

 

El expediente reúne hasta el momento al menos cinco víctimas, aunque no todas continuaron con el proceso judicial por temor y por las complejas derivaciones del caso. Sus identidades permanecen bajo estricta reserva. Para la fiscalía, los elementos reunidos permiten sostener que no se trata de episodios aislados, sino de una trama prolongada en el tiempo, con roles diferenciados, utilización de estructuras estatales y una lógica de sometimiento propia de una organización sectaria.

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