El conflicto político que estalló en la última sesión de la Cámara de Diputados sumó este domingo un nuevo capítulo. El PRO presentó un amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación, una decisión que apunta directamente contra la maniobra parlamentaria sellada por La Libertad Avanza y el kirchnerismo durante una votación realizada en plena madrugada.

La presentación judicial profundiza el quiebre que quedó expuesto días atrás en el Congreso, cuando el oficialismo avanzó con las designaciones tras un acuerdo con el peronismo. Aquella jugada detonó la relación con el PRO y derivó en el abandono del recinto por parte de varios bloques opositores, marcando un punto de inflexión en el vínculo entre el macrismo y el Gobierno nacional.

En el escrito, Cristian Ritondo solicitó que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, a Juan Ignacio Forlón —vinculado a Máximo Kirchner— por el peronismo, y a la exdiputada salteña Pamela Calletti por Innovación Federal. Además, pidió una medida cautelar urgente para impedir que los designados asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva.

“El objetivo es defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, sostuvo el jefe del bloque PRO, quien remarcó que no se trata de una disputa por nombres propios sino de una violación directa al orden constitucional.

Según el planteo judicial, la votación se realizó a las 2:55 del 18 de diciembre, cuando aún no había concluido el tratamiento del Presupuesto y fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en contradicción con el artículo 63 de la Constitución Nacional. Ritondo subrayó que el decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía la designación de auditores.

El diputado también fue especialmente crítico con la forma en que se llevó adelante la moción, presentada de manera sorpresiva por el titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, sin detallar su contenido, sin apartamiento del reglamento y sin debate previo. Para el PRO, la acumulación de irregularidades convierte el acto en “nulo de nulidad absoluta”.

La ofensiva judicial llegó luego de que se conociera que las designaciones fueron producto de un acuerdo entre Martín Menem, Máximo Kirchner y gobernadores del norte, que dejó afuera al PRO y frustró la intención del macrismo de ubicar a Jorge Triaca en el organismo de control. La votación, realizada con un recinto semivacío tras el retiro de varios bloques opositores, terminó de sellar un escándalo político que ahora se trasladó a los tribunales.

Con el amparo presentado, la disputa por la AGN dejó de ser solo un conflicto parlamentario y pasó al terreno judicial, con impacto directo en la ya deteriorada relación entre el PRO y La Libertad Avanza y con un nuevo foco de tensión para el Gobierno en medio del debate presupuestario.