La legisladora Lucía Klug impulsó un proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), un nuevo gravamen destinado a las emisiones de la ganadería, con el propósito de financiar mejoras en la gestión de residuos urbanos.

La iniciativa, sin embargo, provocó un rechazo inmediato por parte del sector agropecuario, que cuestionó su costo y la falta de rigor técnico.

La propuesta de la diputada de Unión por la Patria, cercana a Juan Grabois, sostiene que la tasa se apoya en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor.

Plantea además la creación de un fondo fiduciario cuya recaudación sería destinada a compensar el metano emitido por la actividad ganadera mediante la reducción de gases lograda a través de un manejo más eficiente de los residuos sólidos urbanos, en concordancia con la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

El proyecto argumenta que la medida responde a la urgencia de enfrentar el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero.

Según el Inventario Nacional de GEI, la provincia de Buenos Aires es una de las mayores emisoras del país, aportando cerca del 25 por ciento del total nacional. Dentro de su matriz contaminante, el veintisiete por ciento corresponde al metano: la ganadería aporta el 19 por ciento y la gestión de residuos el 6 por ciento.

El texto detalla que la producción ganadera libera metano principalmente por fermentación entérica y manejo del estiércol, mientras que los basurales y rellenos sanitarios constituyen otro foco relevante. La iniciativa establece como sujetos obligados a las empresas ganaderas radicadas en la provincia.

Rechazo del sector rural

La reacción de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) no se hizo esperar. A través de un posteo en X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

En un comunicado, Carbap reafirmó su “absoluto rechazo” a un proyecto que, según afirmó, “no aporta soluciones y solo vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”.

La organización rural argumentó que la ganadería bonaerense ya soporta una presión impositiva elevada y que aplicar una tasa al metano vacuno no reduciría emisiones sino producción, competitividad y empleo. También cuestionó la falta de consulta previa por parte de la legisladora.

En declaraciones, el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, sostuvo que la TAMBA “no es una ley ambiental, sino un impuesto encubierto al trabajo rural”.

Indicó que la iniciativa “no mejora el ambiente ni reduce emisiones, solo agrega un costo injustificado a un sector que ya carga con una presión récord”. Agregó además que el proyecto “penaliza al que produce y premia al que regula sin saber”.

Carbap volvió a remarcar la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, señalando que no existe un plan serio de ordenamiento ni racionalización del Estado y que se opta nuevamente por incrementar la presión fiscal en vez de recortar privilegios o modernizar la administración.

Contexto nacional e internacional

En Argentina, las principales fuentes de metano provienen de la agricultura —especialmente la ganadería—, del sector energético y de la descomposición de residuos.

En 2022, la fermentación entérica representó el 54 por ciento de las emisiones de este gas, seguida por la industria del gas y petróleo con el 17 por ciento, y los residuos sólidos con el 12 por ciento.

También se ha registrado un aumento de fugas y venteos vinculados a la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta, así como emisiones significativas en grandes rellenos sanitarios, como el complejo Norte 3 del AMBA.

A nivel internacional, uno de los antecedentes más relevantes es el de Dinamarca, que avanzará en un sistema de impuestos al metano generado por el ganado vacuno y porcino.

El esquema, acordado en 2024, prevé que a partir de 2030 se graven las emisiones en 300 coronas danesas (44 dólares) por tonelada equivalente de CO₂, con un incremento progresivo hasta setecientas cincuenta coronas (102 dólares) en 2035.