La subasta del Casino de Necochea, que venía avanzando luego de años de intentos fallidos, quedó envuelta en una fuerte controversia política. La iniciativa, habilitada por una ordenanza aprobada el pasado 2 de diciembre, se trabó tras la decisión de sectores opositores de introducir cambios al mecanismo de venta, lo que derivó en una dura reacción del intendente Arturo Rojas, quien habló abiertamente de un intento de boicot.

La ordenanza original había sido avalada por el Concejo Deliberante con su anterior composición y fijaba una base de cinco mil millones de pesos para la subasta, además de contemplar el desarrollo de un ambicioso proyecto urbanístico en una zona estratégica de la ciudad de Necochea. El plan buscaba recuperar un predio emblemático frente al mar y al Parque Miguel Lillo, hoy marcado por el deterioro edilicio.

El proceso de subasta se reactivó luego de dos licitaciones que quedaron desiertas en 2023 y 2025, cuando no se logró reponer parte de la actividad del complejo. Desde el ámbito provincial explicaron que en la actualidad el casino solo mantiene en funcionamiento juegos de paño, muy lejos de la magnitud que tuvo en otras décadas.

Con la nueva conformación del Concejo, bloques opositores encabezados por La Libertad Avanza manifestaron su respaldo a la idea de subastar el inmueble, pero propusieron endurecer las condiciones. Entre los cambios planteados figura que cualquier eventual reventa de los inmuebles requiera aval legislativo para evitar operaciones especulativas, la revisión de exenciones impositivas previstas por quince años y la imposición de plazos de demolición que no superen los 180 días.

La sesión prevista para tratar estas modificaciones, que iba a realizarse este viernes, fue finalmente postergada para el martes próximo. Sin embargo, el clima político ya estaba caldeado. Desde las escalinatas del edificio, el intendente brindó una conferencia de prensa de urgencia acompañado por trabajadores, gremios y referentes del sector turístico, y calificó la iniciativa opositora como un “mamarracho jurídico”.

Rojas sostuvo que la nueva ordenanza se contradice con una norma aprobada apenas quince días atrás y advirtió que cambiar las reglas de juego en medio del proceso espanta inversiones y pone en riesgo fuentes de trabajo. El jefe comunal, de diálogo fluido con el gobernador Axel Kicillof, denunció que detrás de las modificaciones hay intereses partidarios y una carrera electoral anticipada que, según afirmó, termina perjudicando a toda la ciudad.

El intendente remarcó que el edificio del casino, inaugurado en la década del setenta, se transformó con el paso del tiempo en una “antipostal”. El complejo ocupa cerca de veintidós mil metros cuadrados y supo ser un ícono arquitectónico por su estructura circular y su innovador techo de losas en forma de paraguas invertidos. También albergó un teatro auditórium con capacidad para seiscientas cincuenta personas, que quedó destruido tras uno de los incendios que afectaron al lugar.

La falta de mantenimiento, la desinversión sostenida y el cierre progresivo de la sala de juegos llevaron al edificio a un estado de ruina en varias de sus alas. En ese contexto, el futuro del casino volvió a quedar atado a la puja política, mientras la ciudad observa cómo uno de sus símbolos históricos continúa deteriorándose a la espera de una definición.