La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata resolvió que 27 sindicalistas y miembros de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina deberán enfrentar un juicio oral por su presunta participación en la toma y bloqueo de la empresa Lácteos Mayol, ocurrida en 2021 en Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas.

La medida revierte una resolución anterior del Juzgado de Garantías, que había otorgado un sobreseimiento parcial a los imputados. El tribunal hizo lugar al planteo presentado por la empresaria Paulina Mayol, patrocinada por el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, y dispuso avanzar con la acusación en su totalidad.

Los hechos investigados se remontan a plena pandemia, cuando un grupo vinculado al gremio ATILRA se presentó en el ingreso de la planta ubicada sobre la Ruta Provincial 16. Según la denuncia, los manifestantes impidieron el acceso de propietarios y trabajadores mediante intimidaciones, y luego ingresaron al predio.

De acuerdo con el expediente, tras el episodio se constataron daños en las instalaciones, como candados violentados, cables cortados, interrupción del suministro eléctrico y fallas en el sistema de cámaras de seguridad. También se denunció la desaparición de productos y combustible, lo que derivó en la imputación por robo en poblado y en banda, además de daño y amenazas coactivas.

Desde la defensa de los acusados sostienen que se trató de una medida de protesta legítima, vinculada a reclamos por supuestas irregularidades en las afiliaciones sindicales de los empleados.

El fallo de la Cámara consideró que, en esta instancia, corresponde mantener la calificación penal impulsada por la fiscalía, lo que implica que será en el juicio oral donde se determine si los hechos constituyen delitos o si se encuadran dentro del ejercicio de la actividad sindical.

La resolución no solo rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas, sino que también amplió el alcance de la causa, incluyendo a todos los imputados y a los delitos más graves, dejando sin efecto el criterio previo que limitaba la acusación a un solo dirigente.

El caso volvió a instalar el debate sobre los alcances del derecho a la protesta gremial, en un contexto de creciente judicialización de los conflictos laborales y en medio de posiciones enfrentadas entre sectores sindicales, empresariales y políticos.