Trabajadores de la empresa FATE junto a dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino profundizaron sus acciones en la capital bonaerense en medio de un conflicto que se agrava con el paso de los días. La disputa, que ya lleva un mes sin resoluciones, tiene como eje el cierre de la planta de San Fernando y el riesgo de despido para 920 empleados.

Tras el vencimiento de la conciliación dictada a nivel nacional sin resultados, el conflicto pasó al ámbito del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, luego de reuniones con autoridades provinciales, el gremio decidió trasladar la presión al plano legislativo.

La jornada de protesta incluyó una movilización por las calles de La Plata y derivó en encuentros con legisladores de diferentes espacios políticos. La delegación sindical estuvo encabezada por el secretario general Alejandro Crespo, junto a representantes de la seccional San Fernando, quienes mantuvieron reuniones con diputados de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica.

Durante esos encuentros, el sindicato presentó un proyecto de ley de “ocupación temporal”, con el objetivo de garantizar la continuidad de la producción de neumáticos para transporte pesado, un segmento que —según remarcaron— solo se fabrica en FATE dentro del país. Además, advirtieron sobre el fuerte impacto social que generaría el cierre de la planta.

Desde el gremio señalaron que los legisladores se comprometieron a analizar la iniciativa en sus respectivos bloques y acordaron retomar el diálogo en una nueva reunión prevista para el miércoles 25 de marzo. En paralelo, el bloque de senadores de Unión por la Patria anticipó que también recibirá a los representantes sindicales la próxima semana, con la intención de ampliar la discusión al resto de las fuerzas políticas.

Los trabajadores remarcaron que la vía parlamentaria se suma a las gestiones que continúan en el ámbito del ministerio de Trabajo bonaerense, donde se dictó una nueva conciliación obligatoria por 15 días hábiles bajo la órbita provincial, en un intento por descomprimir un conflicto que amenaza con derivar en una crisis laboral de gran magnitud.