Los intendentes de José Luis Salomón y Ramón Capra solicitaron al Gobierno nacional que dé marcha atrás con la decisión de cerrar la Agencia de Extensión Rural del INTA en Saladillo, al advertir sobre su impacto negativo en la producción y el entramado social de la zona.

El planteo fue formalizado a través de una nota dirigida al Consejo Directivo del organismo, en la que ambos dirigentes radicales manifestaron su “profunda preocupación” por una medida que también alcanza a otras diez dependencias en la provincia de Buenos Aires. En el escrito, subrayaron que la agencia cumple un papel “estratégico e insustituible” para la región.

En ese sentido, señalaron que el cierre no puede entenderse como una mera reorganización administrativa, sino como la pérdida de una herramienta fundamental que, durante años, acompañó a productores, cooperativas, pymes e instituciones locales.

Asimismo, destacaron la labor territorial del INTA en la promoción de la innovación tecnológica, la capacitación y el fortalecimiento del desarrollo con arraigo.

Una sede sin costo para el organismo

Uno de los argumentos centrales del reclamo es que la agencia no implica erogaciones para el INTA. Según indicaron, tanto el edificio como los gastos de funcionamiento son afrontados por el Municipio de Saladillo, en el marco de una articulación institucional que calificaron como “ejemplar”.

Desde el ámbito local también advirtieron que el eventual cierre significaría un retroceso en políticas vinculadas al agregado de valor, la sostenibilidad y el arraigo rural. A su vez, alertaron que la centralización de funciones en otras localidades —como su posible integración con la sede de Las Flores— podría debilitar la eficacia operativa y romper el vínculo directo con los actores del territorio.

El reclamo pone además el foco en la dimensión regional. Los intendentes remarcaron que la agencia facilita la articulación entre Saladillo y General Alvear, permitiendo abordar problemáticas comunes y diseñar estrategias de desarrollo conjunto.

En ese marco, consideraron que la decisión contradice el carácter federal del INTA y su histórica cercanía con las comunidades. “En distritos como los nuestros, estas medidas afectan proyectos en marcha y relaciones construidas durante años”, señalaron.

Finalmente, los jefes comunales se mostraron dispuestos a abrir un canal de diálogo con las autoridades nacionales para analizar alternativas que permitan sostener el funcionamiento de la agencia.